Andalucía

Alaya interviene 6.726 euros en cuentas de la suegra de Guerrero

  • La juez ordena el embargo de esta cantidad que Victorina Madrid Pisabarro dejó en una entidad bancaria después de retirar 60.000 euros, hechos que considera delictivos

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La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha intervenido en las cuentas bancarias de Victorina Madrid Pisabarro, suegra del ex director general de Trabajo y Seguridad social de la Junta Francisco Javier Guerrero, un total de 6.726,94 euros que dejó en varias entidades después de retirar 60.000 euros, hechos por los que la magistrada ha ordenado que se investigue un delito de alzamiento de bienes.

La instructora del caso, en una providencia fechada el pasado 17 de julio, acuerda precisamente requerir a Bankia para que transfiera a la cuenta del juzgado las cantidades retenidas en las cuentas de Victorina Madrid Pisabarro y que ascienden a 807,94 y 5.919 euros. En la misma resolución, la juez acuerda requerir a la Caja Rural de Navarra "a los mismos efectos", esto es, para que transfiera las cantidades que hayan podido ser retenidas , y también pide al Registro de la Propiedad de La Bañeza (León) para que remita al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla una nota simple informativa de los bienes que aparezcan inscritos a nombre de la suegra de Francisco Javier Guerrero, para proceder al embargo decretado en su día por importe de 258.539,91 euros.

La providencia de Alaya concluye ordenando la deducción de testimonio y la incoación de diligencias previas contra Victorina Madrid Pisabarro por un delito de alzamiento de bienes. Esta investigación, que recaerá en el juez sustituto Iván Escalera -que fue nombrado por el Consejo General del Poder Judicial como refuerzo de Alaya ante las voluminosas causas que instruye-, se ha iniciado después de que se haya constatado que la suegra del ex alto cargo retiró de sus cuentas bancarias 60.000 euros antes de ser imputada por su inclusión en dos pólizas financiadas por la Junta de Andalucía pero una vez que ya se había descubierto que había cobrado 198.876,85 euros del erario público "por la sola razón de ser familiar del señor Guerrero", según reprochó la instructora al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero cuando prestó declaración en marzo pasado.

La suegra de Guerrero realizó un primer reintegro de una de sus cuentas por importe de 15.000 euros y varios días después retiró otros 45.000 euros, unas disposiciones de efectivo que la instructora de los ERE considera que pueden ser delictivas, por cuanto el dinero se retiró cuando Victorina Madrid Pisabarro era consciente de que se había destapado su inclusión en dos pólizas. Su yerno, Francisco Javier Guerrero declaró a la Policía que trató a su suegra como a cualquier otra persona que fue a pedirle una ayuda individual. Guerrero permanece ingresado en la prisión de Sevilla-I, al no haber podido reunir aún la fianza de 250.000 euros que le impuso la juez para que pudiera abandonar la cárcel el mismo día en que la Audiencia Provincial de Sevilla acordó la libertad del ex consejero de Empleo si depositaba en metálico otra fianza de 450.000 euros, cantidad ésta de la que tampoco dispone aún Antonio Fernández.

El abogado de Guerrero criticó los "excesos" que se están produciendo en relación con la suegra de su cliente, al considerar que las actuaciones contra la misma por el supuesto alzamiento de bienes están desarrollándose muy rápido porque, de momento, aunque quedan por practicar muchas diligencias en la causa de las ayudas públicas y aún no se sabe si el dinero lo dispuso la propia imputada o su marido -que no está imputado en el proceso- y con el que compartía las cuentas en las que se hicieron los reintegros.

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