La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE ha acusado al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández de recibir mordidas  por importe de 602.806,72 euros en relación con la concesión de subvenciones sociolaborales, unos hechos que para la juez se desprende el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del ex consejero y su “entorno familiar”. 

La instructora, que ha ampliado la imputación a Antonio Fernández por un delito de cohecho por el que ha sido citado a declarar el próximo 3 de marzo –a tan sólo tres días de que se inicie la campaña para las elecciones andaluzas-, también atribuye la percepción de "dádivas o regalos" al que fuera delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, en este caso con la contratación de un hijo suyo por la empresa Heineken, que recibió ayudas de la Junta por importe de 16 millones y que contrató entre 2005 y 2010 al hijo de Rivas, que recibió 182.118,88 euros en ese periodo.

En un nuevo auto, que tiene fecha del pasado 27 de enero, Alaya explica que de los informes realizados por la Guardia Civil sobre la situación patrimonial de ambos ex responsables de la Junta y de sus entornos familiares, resultan de los mismos "indicios de los que se pudieran inferir haber recibido dádivas o regalos por la intermediación o tráfico de influencias", en el caso de Antonio Rivas,  o "por la concesión de subvenciones sociolaborales a determinados beneficiarios", en relación con Antonio Fernández.

Sobre este último, la instructora especifica que adquirió, durante el tiempo que fue viceconsejero y consejero de Empleo, seis inmuebles –cuatro viviendas y dos garajes con trastero, que fueron comprados a lo largo de siete años, entre el 18 de agosto de 2001 y el 15 de octubre de 2008, y añade que sólo en este último año compró cuatro inmuebles: dos suyo y otros dos para su hijo que, según Alaya, “carecía de ingresos para efectuar dicha compra, al igual que en el caso de la compra efectuada por su hija".

La juez cifra en 602.806,72 euros la suma del dinero percibido por el ex consejero de Empleo y sus hijos "de origen desconocido, a través del abono en cuentas bancarias o utilizado para la compra de inmuebles, siendo así que el Fernández habría sido autorizado o cotitular de algunas de las cuentas de sus hijos".

Por ello, la juez ha acordado instruir de sus derechos al ex consejero como presunto autor de un delito continuado de cohecho y le ha citado a declarar el próximo 3 de marzo.

En cuanto al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, la juez ha acordado requerir a la UCO y a la Intervención General para que realicen el informe correspondiente a la ayuda sociolaboral de Heineken España, que ascendió a más de 16 millones de euros, y también ha requerido a la Guardia Civil para que aporte el contrato de un hijo del ex delegado de Empleo, M. A. R. R., en Heineken España. Dice la juez que este joven estuvo dado de alta en la empresa cervecera desde el 4 de abril de 2005, "aún siendo menor de edad", hasta el 2010, tiempo en el que percibió "ingresos sin contar con estudios universitarios, al menos durante la mayor parte de dicho periodo", por un total de 182.118,88 euros. También ha pedido la magistrada que se informe sobre la cualificación profesional o estudios académicos del hijo de Rivas y se “constate los servicios efectivos” que realizó en dicha empresa, tomando para ello las declaraciones que sean necesarias. La juez reclama además que se investigue la compra en julio de 2013 de dos inmuebles por parte del hijo de Rivas.

La investigación sobre el entorno de la familia de Rivas no sólo se centra en este hijo, sino que Alaya ha pedido que se informe de los pagos de la hipoteca que grava la vivienda de otra hija, V. R. R., que se constituyó en 2008, cuando ésta tenía 20 años y de la que son fiadores sus padres.

También solicita la juez que se investiguen los pagos de la hipoteca suscritas por otras dos hijas, C. R. V. y M. A. R. R. en la que igualmente aparecen como fiadores el matrimonio compuesto por Antonio Rivas y su esposa.

Por último, Alaya pide que se informe sobre la "efectividad de los servicios prestados" por la nuera de Antonio Rivas, identificada como M. C. R., que fue contratada entre febrero de 2007 y julio de 2009 por empresas vinculadas al entorno del conseguidor de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas y su cuñado Ismael Sierra. Este familiar de Rivas recibió por estos trabajos la cantidad de 22.248,86 euros.