La juez Alaya ha abierto una nueva causa contra el propietario de la aseguradora Uniter, José González Mata, por un presunto alzamiento de bienes que se habría producido por la venta de una nave de su propiedad después de que fuese imputado en la causa de los ERE y se le impusiera una fianza de responsabilidad civil de 98,8 millones de euros.

En un auto que tiene fecha del pasado 2 de julio, la juez acuerda deducir testimonio contra González Mata e incoar unas diligencias previas por si el empresario jerezano hubiese incurrido en un delito de alzamiento de bienes.

La magistrada recuerda en la resolución que tras los atestados remitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se acordó la imputación de González Mata en la causa de los ERE el 27 de enero de 2012. El empresario declaró en el juzgado el 17 de junio de 2013 como imputado y al término de la declaración se celebró una comparecencia sobre medidas cautelares que llevó a la instructora a imponer una fianza de responsabilidad pecuniaria a González Mata de 98.888.018,80 euros y de otros 200.000 euros a la entidad Cureña por presunto blanqueo de capitales, decretándose el embargo de sus bienes sin perjuicio de poder prestar caución sustitutoria.

El 2 de julio de 2013 se requirió al empresario para que designara bienes de su propiedad para trabar el embargo y recientemente se ha recibido del registro de la propiedad de Jerez de la Frontera un escrito en el que se rechaza la anotación del embargo de una finca porque la misma figura inscrita a favor de la compañía de Tapones Irrellenables S. A., una entidad distinta de la del imputado, según una escritura otorgada ante un notario de Jerez de la Frontera con fecha 30 de julio de 2013.

González Mata ha negado el delito que le atribuye la juez en un escrito remitido al juzgado el pasado 27 de junio, en el que el empresario sostiene que toda la operación fue comunicada en su día a los administradores judiciales designados por la juez Alaya, sin que éstos pusieran ningún obstáculo a la actuación.

En ese escrito, la defensa de González Mata alega que existía un crédito a favor de la empresa Herederos de Torrent Miranda por importe de 813.563,71 euros frente a Cureña, y que la primera empresa estaba abocada al cierre y despido del personal o a acudir a un concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a las deudas. La venta de la nave a Tapones Irrellenables fue "la única posibilidad que existió" para dar viabilidad a la compañía.