El nuevo curso político se iniciará con Susana Díaz como presidenta de la Junta en sustitución de José Antonio Griñán en un intento de alejar el caso de los ERE de la actualidad diaria del Gobierno andaluz. Pero el recorrido judicial del caso prosigue y la juez Mercedes Alaya cuenta con el respaldo expreso de la Audiencia Provincial para seguir con la línea que está llevando e incluso aproximarse a los aforados. Si se esperan novedades en las próximas semanas, dos autos difundidos ayer por el PP auguran que el caso no va a salir tan fácilmente de la agenda como desean los responsables de la Junta.

La juez Alaya ha requerido en un nuevo auto a la Junta que, "a la mayor brevedad posible", remita al juzgado la relación de los "intrusos" incluidos en expedientes de regulación de empleo de 2001 a 2010. El auto fue dictado por Alaya antes de irse de vacaciones, pero no transcendió hasta ayer. Se desconoce si la solicitud ha sido atendida por la Junta. En el mismo auto la juez reclama la contabilidad de la Agencia IDEA en los años 2010 y 2011, así como los expedientes relativos a las ayudas concedidas a cuatro empresas por un importe global cercano a los ocho millones de euros.

En dicho auto, consultado por Europa Press, la magistrada solicita a la Junta la relación de las personas ajenas a las empresas que figuran como beneficiarias de ayudas sociolaborales concedidas en el periodo 2001-2010, detallando además de nombre y apellido, la empresa a cuyo ERE o reestructuración laboral se vinculó, número de póliza de seguro en la que se incluyó y compañía aseguradora, puesto que con los "listados remitidos anteriormente por la Dirección General de Relaciones Laborales, no se ha remitido la relación de personas incluidas en las pólizas de seguros que no tenían relación laboral con la empresa correspondiente y que hayan sido detectadas en la relatada novación de pólizas".

En cuanto a la contabilidad de IDEA, la juez solicita la memoria auditada junto con sus estados financieros, así como el balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, balance de sumas y saldos, libro diario y libro mayor, con el desglose de todas las cuentas y subcuentas.

Los expedientes de empresas reclamados son los de A-Novo Comlink, por importes de 189.301 y de 43.845 euros, Comercial Alimentaria Dhul-Grupo Dhul, por importes de 441.436 euros, de 66.344 euros, de 77.563,11 euros, de 6.402.631 euros, de 202.554 euros y de 268,845 euros; a Hilaturas y Tejidos Andaluces por importe de 3.829 euros, de 20.250 euros y de 65.800 euros, y a Pickman La Cartuja de Sevilla por importe de 88.083 euros.

También es petición de la juez la "rectificación de la transferencia de crédito" por importe de 20 millones de euros aprobado por el Consejo de Gobierno el 26 de diciembre de 2010 para la Consejería de Empleo, que "aumentaba el crédito" en una aplicación presupuestaria, con baja en la aplicación 31L de ayudas sociales.

La magistrada reclama además el informe que se hubiera emitido por el Gabinete Jurídico de la Junta en relación con el decreto ley de 16 de octubre de 2012 de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex trabajadores andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis.

La juez se refiere al decreto con el que la Junta, en aras a mejorar la regulación de las ayudas sociolaborales a ex trabajadores de empresas en crisis, asumía directamente y sin intermediarios el pago de las prestaciones que han sufrido demoras.

El otro auto de Alaya, de la misma fecha, se centra en la relación del ex sindicalista Juan Lanzas con las empresas de la familia Ruiz Mateos. Alaya considera que el ex sindicalista jiennense Juan Lanzas, en prisión por este caso, recibió sobres con pagos en 'b' tras "comprometerse" con dos hijos del conocido empresario José María Ruiz-Mateos, a que la administración autonómica financiase las prejubilaciones de un ERE en el Hotel Cervantes, propiedad del Grupo Nuevo Rumasa.

"Todos los pagos a Juan Lanzas se hicieron en 'B' en sobres quincenales o mensuales de 20.000 o 25.000 euros, procurando que el pago fuera en billetes de 500 euros", prosigue el auto de Alaya, que sostiene que los sobres "los retiraba personalmente el señor Lanzas o su compañera", mientras que "Carlos Miranda Bacciarini, director de la Dirección Hotelera del Grupo Nueva Rumasa y administrador mancomunado de la empresa Europa Center, estaría al tanto de todas las irregularidades que se habrían cometido y además era quien presuntamente efectuaba el pago directamente a Juan Lanzas". Según la magistrada, "con independencia de la ayuda comprometida, la efectivamente abonada ascendería a la suma de 5,92 millones de euros".

Alaya asegura que en el ERE del Hotel Cervantes se incluyeron como beneficiarios dos personas "ajenas" a la entidad, José Antonio Cuevas Álvarez y Claudio Andrés Sendino García, que fueron contratados en Europa Center "muy poco tiempo antes de la firma de la póliza de prejubilación" tras haber trabajado e entidades pertenecientes al Grupo Rumasa".