El chófer lo apuntó en su declaración y la juez Mercedes Alaya ahora lo ha asumido en un nuevo auto. La magistrada que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos cree que una de las entidades mediadoras de las pólizas, Vitalia, pagó comisiones al entonces director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, tal y como declaró su antiguo chófer Juan Francisco Trujillo.

Así lo pone de manifiesto la instructora en un auto fechado el pasado 22 de marzo y en el que rechaza la petición de archivo solicitada por el director general de Vitalia, Antonio Albarracín Muñoz, de quien el PP solicitó su detención tras las revelaciones efectuadas por el chófer de Guerrero.

La juez ofrece varios argumentos para mantener la imputación de Antonio Albarracín. El primero señala que como director de esta entidad "habría conocido la inclusión de los múltiples intrusos en la multitud de pólizas de prejubilación en las que habría intervenido en nombre de Vitalia". En segundo lugar, la magistrada hace hincapié en la "magnitud del exceso de la cuantía de la comisión percibida por dicha entidad con cargo a los fondos públicos, superior en muchos casos al 15% por encima de la media del mercado y que fue cobrado en cada una de estas pólizas".

El tercer argumento de la juez, relacionado precisamente con esas comisiones, Alaya atribuye al director de Vitalia el "presunto pago de dádivas efectuado al señor Guerrero como contraprestación a los servicios por él encargados en nombre de la Consejería de Empleo".

La pista sobre el posible pago de comisiones al ex director de Trabajo la aportó en su declaración el ex chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, quien antes de ser enviado a prisión aseguró a la instructora que en el año 2007 acudió en dos ocasiones a Madrid para recibir de manos de Antonio Albarracín sendos sobres que contenían una importante cantidad de dinero dirigida al entonces responsable de Trabajo. Según Trujillo, en ambas ocasiones, una de ellas en la estación de Atocha, el director de Vitalia le entregó un sobre de un tamaño folio doblado por la mitad que contenía más de dos dedos de grosor en billetes grandes. Trujillo también le dijo a la juez que no conoce que se produjeran otras entregas dinerarias, aunque admitió que los directores generales recibían "siempre" algún que otro regalo y, en el caso de Guerrero, recordó que instalaron en el BMW X-5 que conducía un equipo GPS con DVD y doble pantalla que le había regalado un vecino de El Pedroso (Sevilla) que regenta una gasolinera.

En el auto que rechaza archivar la causa contra el director general de Vitalia, la juez Alaya también ha ordenado a la Agencia Tributaria que investigue las operaciones de ingresos y pagos de otras cinco sociedades relacionadas con Juan Francisco Trujillo, como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.

De la misma forma, la instructora ha deducido sendos testimonios contra Juan Francisco Trujillo para que se investigue si el ex chófer de Guerrero ha podido incurrir en otros dos delitos de alzamiento de bienes y falsedad en documento mercantil, en relación con la venta de unos terrenos cuando ya estaba siendo investigado por delitos contra la Hacienda Pública y por su contratación por dos empresarios para que pudiera cobrar el desempleo, respectivamente.

La juez remitirá estos testimonios a los juzgados de Instrucción de Andújar (Jaén), para que sean estos órganos los que investiguen estos delitos al haber ocurrido los hechos en este partido judicial. La juez también ha informado al Inem de la presunta falsedad en la contratación de Juan Francisco Trujillo.

El ex chófer de Guerrero está en prisión provisional desde el pasado 21 de marzo, una vez que prestó declaración en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde inicialmente fue imputado por 11 delitos que, al término de la comparecencia y en virtud de las manifestaciones del imputado, se convirtieron en 22 delitos.

El próximo imputado en comparecer ante la instructora es el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, quien declarará ante la magistrada a partir del próximo 18 de abril, un año después de que se produjera su imputación formal en la causa en la que se investiga el despilfarro de 686 millones de euros, según la fianza de responsabilidad civil que la instructora ha impuesto a Guerrero.