La juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en el pago de prejubilaciones vinculadas a los ERE de empresas en crisis, ha dado un nuevo giro en la investigación al requerir a la Junta nueva documentación y, especialmente, tres acuerdos del Consejo de Gobierno de los que sospecha no fueron publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En un auto fechado el pasado 15 de julio, días después de que la juez enviara al Supremo el conflicto de jurisdicción planteado por la entrega de las actas, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha requerido a la Junta para que aporte las certificaciones de estos acuerdos del Consejo de Gobierno. El primero de estos documentos que reclama la magistrada se refiere a un acuerdo del 27 de noviembre de 2007, que establecía una modificación presupuestaria de 11.473.503,42 euros relativa a algunos programas de la Consejería de Empleo y del que, según precisa la instructora, "salvo error, no consta publicado en el BOJA", por lo que solicita igualmente que se verifique esa falta de publicación.

El segundo acuerdo que exige Alaya es de la misma fecha y se refiere al "Plan para la mejora de la competitividad y el desarrollo de la Bahía de Cádiz", como línea de intervención del Ejecutivo en la zona y que la magistrada sospecha igualmente de no se ha publicado "salvo error".

El tercer documento que reclama la instructora hace referencia a la orden de 27 de abril de 2010 dictada por el consejero de Empleo, por la que se formaliza "un acuerdo de encomienda" con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para la materialización de programas sociolaborales y ayudas sociales excepcionales. Ese acuerdo sustituyó a otro antiguo de 17 de julio de 2001, que establece que la encomienda de gestión a agencias pertenecientes o dependientes de otra consejería será "autorizada por el Consejo de Gobierno". La juez argumenta que, dado que IDEA depende de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta y no de la Consejería de Empleo, "y no constando publicado (salvo error) el acuerdo del Consejo de Gobierno que avale dicho acuerdo de encomienda, procede reclamar a través de la representación legal de la Junta, certificación de dicho acuerdo del Consejo, y que se justifique la ausencia de publicación en su caso".

El auto de Mercedes Alaya también ordena la práctica de otras tantas diligencias de investigación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre las que destacan la petición para que se indague "ampliamente" sobre las interrelaciones entre las entidades aseguradoras Vitalia Vida, Fortia y Apra Leven, así como su "composición, modos de actuación", la relación de la Consejería de Empleo de la Junta con estas entidades y "el conocimiento por sus responsables de las ilícitas prestaciones otorgadas por la Junta y cómo ésta contrata con Fortia y Apra Leven sin comprobar la ausencia de solvencia económica y sin cumplir con los principios de concurrencia", sostiene la magistradas.

Estas investigaciones respecto a la composición, modo de actuación y relación con Empleo se extienden a la entidad Uniter, "mediadora de las pólizas de mayor importancia económica", y a la aseguradora Banco Vitalicio. De la misma forma, la juez ordena que se investigue "el conocimiento que estas entidades pudieran tener sobre la ilícita utilización de fondos públicos que es objeto de investigación, completándose dicha información con el análisis de las constantes actuaciones de los despachos de abogados Estudios Jurídicos Villasís y Garrigues, referidos en los expedientes incorporados a las actuaciones".

Por último, Alaya pide a la Guardia Civil que investigue la intervención de los sindicatos en los procesos de negociación colectiva que están sub iudice, así como de los "beneficios que en su caso pudieran haber obtenido estos y el resto de los agentes intervinientes citados en los referidos procesos, completando la información requerida con los informes económicos y patrimoniales correspondientes".