Los familiares afectados por el supuesto robo de bebés entre los años 50 y 80 en la provincia de Málaga van a hacer un listado con todos los nombres de personas que podrían haber participado en esta supuesta trama y se la enviarán a la juez argentina María Servini, que está investigando en ese país desde el año 2010 los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y, en este contexto, también ha incluido el posible robo de recién nacidos.

En esa lista se pondrán los nombres de doctores, matronas y enfermeras, entre otros, que aparecen en la documentación médica que les fue entregada a las madres en su momento. "Si la juez argentina ve indicios de que se ha podido cometer un delito podría llamarles a declarar", explica a este diario Salvador Rojas, abogado de la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa), quien lamenta tener que recurrir a la justicia argentina ante la inactividad en Málaga y el resto del conjunto español. "No nos queda otra opción", comenta.

Los crímenes contra la Humanidad son perseguidos internacionalmente y si la juez Servini acaba dictando sentencia tendría validez internacional. El año pasado, las distintas asociaciones de afectados en toda España ya remitieron a la jueza unos folios en los que se explicaba grosso modo qué trama había en cada provincia y se daban algunos nombres de médicos o matronas. Era información para que Servini aceptara o no la querella. Una vez que la jueza dio su visto bueno, los familiares de bebés afectados se reunirán el próximo 13 de diciembre para elaborar un listado mucho más exhaustivo y pormenorizado.

Mientras tanto, la justicia española no ha realizado ningún avance. En Málaga se presentaron en torno a un centenar de denuncias y la gran mayoría se encuentran archivadas. Rojas critica "la escasa investigación" realizada por la Policía y el juzgado, lo que ha provocado que ni siquiera haya habido imputados. "Se llamó a declarar a dos o tres médicos. Uno alegó demencia y otros dijeron que no se acordaban de nada y ahí se quedó".

La primera denuncia ante la Fiscalía en Málaga la puso Isabel Agüera en junio de 2010. Su madre, María Vázquez, se puso de parto el 15 de agosto de 1970 tras llevar varias semanas hospitalizada. Dio a luz a una niña y, de golpe y porrazo, le dijeron que había muerto, pero no le dejaron ver el cadáver. Le dieron dos documentos de defunción con fechas y causas de la muerte distintas. Era otra época y Vázquez lo dejó pasar. 40 años después, su hija Isabel decidió investigar y denunciarlo, aunque solo obtuvo dificultades para poder acceder a información en el hospital y reveses judiciales. Le archivaron su denuncia hasta en dos ocasiones sin darle explicaciones, pero eso no le impidió seguir luchando, crear la asociación Aberoa y reunirse hasta con el ex ministro de Justicia Ruiz-Gallardón.

Su denuncia animó a otro centenar de familias que creían haber sido objeto de la misma situación a exponer sus casos y hubo un torrente en 2011. Pero, por ahora, han tenido poco éxito. "Nos sentimos abandonados, decepcionados y todo lo que se quiera decir. En Málaga no se está moviendo nada y vamos a tener que recurrir a Argentina porque en nuestro país no se nos escucha", asegura Agüera, quien también denuncia que "hace casi dos años pedimos reuniones con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y con Salud para pedir la inhumación de cuerpos en el cementerio de San Rafael y no nos responden".

Los familiares afirman que, entre los años 50 y 80, se tejió una trama en España a través de la cual se robaban bebés recién nacidos que, supuestamente, serían vendidos a otras familias con enlaces políticos o económicos. Los afectados, pese a que muchos tienen una edad avanzada, se han movilizado durante meses. Tras un tiempo de cierto parón, retomarán las protestas en enero para que sus denuncias no caigan en el olvido.