En agosto de 2020 con motivo de un incendio en la Sierra de la Contraviesa en Granada, dediqué esta columna a los incendios forestales explicando sus causas y proponiendo determinadas actuaciones para reducir su impacto territorial y aminorar sus efectos ecológicos y sociales, ha pasado un año y la situación en las sierras andaluzas va a peor en extensión e intensidad como lo evidencia el incendio de Sierra Bermeja.

No voy a relatar los factores que pueden provocar estos incendios, pues en este caso son al parecer y según declaran las autoridades, producto de una voluntad humana perversa que, valorando los condicionamientos físico naturales, generó un esquema de actuación de cuyos resultados son los datos que nos han aportado en relación a la superficie afectada y en cierta medida sobre su afección ambiental, con el agravante de que ha habido afecciones al pinsapar pero sin llegar a afectar a su núcleo, lo que hubiese sido una catástrofe ecológica gravísima, pues es una especie endémica que solo se desarrolla en las sierras más occidentales andaluzas aprovechando unos condicionamientos edáficos y climáticos únicos.

El problema más grave de las masas forestales de Andalucía ha estado caracterizado, desde que tiene la responsabilidad de su gestión la Junta de Andalucía, por la ausencia de una política forestal coherente desde la perspectiva de la conservación y una gestión, científicamente aceptable, pero ajena a la realidad social de su entorno.

Es cierto que la Comunidad Autónoma de Andalucía ha generado un corpus normativo de gestión ambiental, en orden a la protección del medio natural, creando figuras administrativas que lo lleven adelante pero no ha puesto en marcha los compromisos y recursos financieros para hacer operativa esta política, provocando así un efecto perverso pues complica seriamente la gestión ambiental y la enfrenta a las comunidades locales.

Comunidades locales

La evidencia empírica demuestra que las comunidades locales a lo largo de la historia han tratado de mantener gran parte del patrimonio forestal y han posibilitado su gestión de la forma más eficiente conforme a sus capacidades técnicas y económicas.

La política forestal y en general la ambiental de las administraciones públicas, es ajena a la realidad de las sociedades que viven en la zona, pues hace oídos sordos a sus procesos de desarrollo endógeno, limitando la gestión de sus recursos y no favoreciendo su integración económica con otras áreas territoriales más dinámicas, además de cargarles con la responsabilidad y los costes de mantenimiento del medio natural.

Es conveniente entender, como decía Mario Bunge que, para el desarrollo de una política ambiental con ser necesarios los naturalistas e ingenieros, no bastan, porque todo problema ambiental es un problema social.

“El concepto de conservación a veces se confunde con el concepto de protección”

Tal vez, pienso, que la práctica de la política medioambiental no atiende al sentido de sus funciones al no entender o comprender el alcance de algunos términos usuales, como es el caso del concepto de conservación y que a veces se confunde con el concepto de protección; veamos, la conservación es la gestión inteligente de los recursos naturales a partir de conocimientos científico técnicos, lo que implica actuaciones tanto de explotación, como de preservación para evitar daños y deterioro ambiental; en tanto que la protección implica impedir la acción modificadora del desarrollo programado.

Para entendernos utilicemos un ejemplo: el Icona (Instituto para la Conservación de la Naturaleza) tenía como función gestionar el medio natural; mientras que el Seprona de la Guardia Civil (Servicio de Protección de la Naturaleza) su misión es impedir y evitar cualquier actuación que pueda modificar las características del medio natural.

Pues bien ocurre que la administración ambiental parece que está más en proteger que en conservar el medio natural y ese es el problema.

En ecosistemas modificados, como es el caso del territorio andaluz, con escasas áreas prístinas, es muy importante la conservación que, en el caso de los bosques las sociedades rurales, como hemos señalado, han venido realizando su gestión históricamente aprovechando sus recursos vegetales, utilizando sus pastizales e impidiendo la expansión de plagas y depredadores.

Grado de conservación

La realidad demuestra que, si bien ha crecido la superficie forestal no se tiene un nivel de conservación adecuado, no hay actuaciones continuadas encaminadas a reducir las posibilidades de desarrollo y expansión de los incendios forestales, tampoco se prodigan las acciones de corrección de desequilibrios provocadas por la densidad forestal o programas de repoblación forestal de especies autóctonas o adaptadas a las características del medio natural, como puede ser con una especie prácticamente desaparecida de nuestro entorno como es el “Tetraclinis articulata” que se adapta muy bien a nuestro ecosistema mediterráneo. De otra parte, es necesario mejorar la planificación forestal teniendo en cuenta los conocimientos geomorfológicos, hidrográficos y climáticos a nivel de detalle con estudios de microcuencas, que es muy fácil desarrollar y posibilita mejor el arraigo de las especies, pero sin olvidarnos la mejora en el sistema productivo de las sociedades vinculadas.

La conclusión es que, todo es un discurso vacío si no se apuesta por la real inclusión y la participación de las comunidades rurales en las políticas de conservación del medio natural.