HE tenido la suerte de haberme relacionado intensamente con dos grandes artífices de la política exterior del presidente Suárez, su ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y mi maestro, el profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo. De ambos he oído siempre que el gran eje de la política exterior de Suárez no fue incorporar a España en la CEE, que también, en la OTAN, que también, o en la no menos importante dimensión iberoamericana o árabe de nuestra tradicional política exterior. El gran eje de la política exterior de Suárez fue incorporar a España al club de países respetuosos con los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esta fue su grandeza, hoy no suficientemente reconocida.

Ello no fue fácil. Cuando Adolfo Suárez comenzó su andadura presidencial, en 1976, España aun no tenía una Constitución democrática y nunca había aceptado formar parte de la comunidad convencional de los principales tratados de promoción y defensa de los derechos humanos. Por eso, el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, quiso contar en su gabinete con mi maestro, el profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo. Ambos diseñarían la estrategia para estos fines.

Se le ha achacado a Suárez que no tenía política exterior, sólo porque ésta era una política de Estado, por tanto, continuista en sus vectores más tradicionales: alianza estratégica con Occidente (OTAN, CEE), cooperación con Iberoamérica, seguridad en el área mediterránea, amplias relaciones con el mundo árabe, integración territorial completa (Gibraltar) y buenas relaciones con la Santa Sede.

Ahora bien, fue una política exterior revolucionaria si tenemos en cuenta las consecuencias ciudadanas y humanas. Los derechos humanos y las libertades fundamentales deberían ser garantizados a nivel internacional, ad extra y ad intra.

Esto cambiaria radicalmente el nivel de nuestra conciencia colectiva y pondría a España en una atalaya privilegiada para cumplir y hacer cumplir las obligaciones de respeto de los derechos humanos, tanto respecto a sus ciudadanos como a todos los ciudadanos del mundo.

El 28 de septiembre de 1976, España firmó la Carta de Derechos Humanos, es decir, la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobada en 1948, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmados en 1966, como expresión pública de las nuevas intenciones del Gobierno de Suárez. Sin embargo, Oreja y Suárez eran consciente que este gesto, aunque muy simbólico, no era suficiente. Había que comprometerse internacionalmente, en los sistemas de control. Se adhieren formalmente a dichos Pactos el 27 de abril de 1977, es decir, en un tiempo record e incluso antes de tener aprobada una Constitución democrática.

En noviembre de 1977, aun sin Constitución, se abren las puertas del Consejo de Europa. Suárez sabía que para ingresar en las Comunidades Europeas se requería antes ingresar en el Consejo de Europa, selecto club donde la democracia y el respeto de los derechos humanos conforman su ideario.

Esta ambiciosa tarea no iba a estar exenta de difíciles negociaciones. El resto de Estados que tenían que permitir el ingreso de España en el Consejo de Europa, querían garantías y no les bastaba las manifestaciones públicas del presidente Suárez o las intenciones diplomáticas de Marcelino Oreja. Querían compromisos mucho más firmes.

Por ello, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, exigió un compromiso político por escrito, de todos los Grupos con representación parlamentaria, por los que se comprometían a incorporar en la nueva Constitución Española el vigente artículo 10.2 y un elenco de derechos humanos y libertades fundamentales, como garantía de su respeto. Por su parte, el Comité de Ministros del Consejo de Europa exigió que España, al mismo tiempo que ingresara en el Consejo de Europa, firmara el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Esto nunca había sucedido en la historia del Consejo de Europa y resultaba inaudito pero, el Gobierno de Suárez estaba decidido a incorporar a España en los sistemas de garantías y control de los derechos humanos. Ello ha permitido también que en las siguientes incorporaciones al Consejo de Europa (España fue el Estado número 12 y hoy hay 48 estados miembros) se hayan producido las mismas exigencias.

Luego vinieron más tratados y convenios. De hecho, España, en la actualidad, es un ejemplo internacional de Estado respetuoso con los derechos humanos y libertades fundamentales. Muchas veces se olvida que fue esa política de Suárez la que permitió el fortalecimiento de las instituciones protectoras de los derechos humanos. Sólo por ello, Suárez merece un lugar en la Historia.