La conversión del histórico edificio del Hospicio en la recuperada Facultad de Ciencias de la Educación forma parte del listado de proyectos urbanos cuyo desarrollo acumula años y años de nuestra vida.

El proyecto del nuevo centro universitario, que en su día logró el apoyo de todas las administraciones, lo cual es un milagro en Cádiz, se ha topado desde hace unos meses con la negativa del gobierno del PP-Cs de la Junta a la hora de financiar este equipamiento, como venía ocurriendo hasta ahora con todos los equipamientos universitarios.

Todo ello ha provocado no solo la paralización del proyecto, pues la UCA no tiene capacidad para afrontar una obra con un coste superior a los 30 millones de ellos, si no incluso ha puesto en riesgo su propia ejecución.

Entre tanta mala noticia y con los plazos muy ajustados para encontrar fondos, la Diputación, propietaria del edificio, le da algo de oxígeno a la Universidad no sólo reafirmando su apoyo a este proyecto, sino dejando claro que está dispuesta a ampliar el tiempo de cesión de este edificio.

En el convenio que ambas instituciones firmaron en diciembre de 2017 se fijaba un tiempo límite de cinco años para que las obras en el antiguo Valcárcel estuviesen ya en marcha. De esta forma el plazo termina a finales de 2022.

En un principio este periodo era suficiente, pero el nulo apoyo de la Junta puede poner en duda que se puedan cumplir los plazos inicialmente previstos en el convenio de 2017.

"En su momento pensamos que cinco años era razonable, pues en ese momento la Junta incluso había aportado dinero para la elaboración del proyecto. Nos gustaría no tener que aprobar una nueva prórroga porque ello significaría que la obra sí sale adelante, pero la postura de la Junta no ayuda. En este sentido, la Universidad debe saber que por parte de la Diputación todo van a ser facilidades para mantener esta cesión", afirma a este diario la presidenta de la institución provincial, Irene García.

"Nosotros fuimos, junto a la UCA, los que primeros apostamos por este proyecto. La Junta, que lo apoyó con el gobierno del PSOE, ahora con el PP lanza mensaje contradictorios, porque cuando estaban en la oposición, también estaban a favor y ahora Ana Mestre (delegada del Gobierno andaluz en Cádiz) se desmarca de todo lo prometido", se lamenta la presidenta de la Diputación.

Constata que "es imposible que la UCA afronte esta obras con sus propios remanentes, cuando la misma Junta sí plantea actuaciones ambiciosas en otras universidades, lo que es injusto para Cádiz. Al final siempre somos nosotros los gaditanos los que tenemos que sacar adelante nuestros proyectos".

A la hora de buscar financiación, si la Junta persiste en denegar sus propios fondos, Irene García recuerda a la administración regional que "ahora se tiene la oportunidad de acudir a la Unión Europea para aprovechar los fondos de reconstrucción tras la pandemia. Los proyectos que se pueden presentar deben de tener un coste mínimo de 10 millones de euros, por lo que el plan de Valcárcel cumple esta obligación". Y junto a ellos, menciona también los fondos estatales, relacionados también con la pandemia, como fórmula para financiar una obra cuyo calado ciudadano resalta.