El sindicato de funcionarios CSI-CSIF contradijo ayer la versión del alcalde de Coslada, Ángel Viveros, quien el jueves señalaba que no tenían conocimiento de denuncias contra la Policía Local, al indicar que ellos sí que habían presentado varias demandas en el pasado asegurando que existían irregularidades en la dirección de la Policía Local por parte de su único oficial jefe, el ya conocido como sheriff Ginés Jiménez.

"Ante la situación del cuerpo de Policía Local de Coslada, CSI-CSIF lleva años denunciando esta situación ante las diferentes corporaciones, así como las irregularidades que desde la Jefatura de la Policía se venían cometiendo, denuncias de las que, como es natural, hay constancia escrita", señala el sindicato en un comunicado. En la nota se destaca además, que si estas denuncias no "vieron la luz" es precisamente por la "maraña" que sheriff Jiménez había tejido en su entorno gracias a las "amenazas y persecuciones que establecía con todo aquel que no se doblegara".

A pesar de estas declaraciones, el alcalde Viveros (PSOE) reiteró ayer que de haber tenido cualquier tipo de "indicio" sobre la trama que estaba llevando a cabo Jiménez en el interior del cuerpo que dirigía, "obviamente" habría actuado. "Sólo se produjeron las típicas quejas de infracciones y sanciones", declaró el primer edil de Coslada, quien apuntó que nunca habían existido "cuestiones de magnitud como las que ahora se están imputando".

Del mismo modo, señaló que la supuesta red corrupta "viene de años atrás" y recordó que ya en el periodo 2001-2002 se abrió expediente al jefe de la Policía y se llevó a los tribunales, aunque finalmente fue absuelto de todas las acusaciones porque o había pruebas suficientes. El Ayuntamiento de Coslada solicitó ayer su personación como acusación particular ante el Juzgado de Instrucción Número 21 de Madrid en el caso de esta operación denominada Bloque .

Mientras tanto, las investigaciones policiales continúan y ayer siete de los agentes municipales de Coslada que fueron arretados el jueves quedaban en libertad con cargos, según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

El resto de los imputados permanece en el Registro Central de Detenidos del barrio madrileño de Moratalaz.

El titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, Eduardo Cruz Torres, encargado del caso, tiene previsto mañana domingo tomar declaración a 18 imputados, cuando finaliza el plazo máximo de detención (72 horas) previsto por la ley, según han informado fuentes jurídicas.

En total hay 26 personas imputadas en la operación, que continúa abierta, y sobre la que el juez ha decretado el secreto del sumario.