Los jueces piden estudiar la efectividad de la ley contra la violencia machista

  • El Gobierno está dispuesto a introducir mejoras y trabajar para acabar con el problema · En varias ciudades españolas se sucedieron ayer concentraciones de protesta por las cuatro muertes del martes

Instituciones y organizaciones políticas y sociales expresaron ayer una condena sin paliativos, rotunda y unánime al asesinato de cuatro mujeres este martes a manos de sus parejas o ex parejas en Madrid, El Puerto de Santa María (Cádiz), Cullera (Valencia) y Valladolid. A lo largo de la jornada se sucedieron las concentraciones de protesta y las declaraciones en contra de una lacra que se ha cobrado la vida, en lo que va de año, de 14 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, aunque existen otros tres casos que se encuentran todavía bajo investigación.

Por primera vez, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) interrumpieron la celebración de la sesión plenaria para concentrarse a las puertas de este órgano en Madrid, donde guardaron un minuto de silencio para expresar su repulsa a la violencia machista. Únicamente no estuvo presente el vocal de la mayoría conservadora, José Luis Requena, por entender que detrás podría haber intereses electoralistas y porque "es como si fuera una concentración de policías contra la delincuencia o de médicos contra la enfermedad".

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGJP, Montserrat Comas, reclamó que se estudie la efectividad de la Ley Integral de Medidas Contra la Violencia de Género, para la que pidió "mayor recorrido en el tiempo antes que hablar de fracaso".

En este sentido, recordó que la violencia de género es un problema "muy complejo" porque afecta a "patrones culturales machistas muy enraizados en la sociedad, de discriminación y dominio hacia las mujeres".

En primer lugar, la presidenta del Observatorio del CGJP sugirió estudiar los casos en los que las mujeres no presentaron denuncia que, según dijo, "sigue siendo el porcentaje mayoritario". Así, planteó una revisión de las campañas de sensibilización y de información "para que llegue el mensaje a las mujeres" y lograr la implicación de sus familiares y vecinos (sólo un 1 por ciento de familiares interponen denuncias en estos casos).

Asimismo, propone estudiar, caso por caso, las medidas policiales que se adoptan en aquellos casos en los que el juez dicta una orden de protección, con el fin de realizar un "seguimiento y control".

Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se mostró ayer abierto a introducir mejoras en la Ley contra la Violencia de Género si se detecta alguna deficiencia y ha prometido "no bajar la guardia" y seguir trabajando para acabar con este problema.

En sentido distinto, la presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos, Consuelo Abril, condenó la "pasividad" del Gobierno y de los partidos frente a estas últimas muertes, y ha dicho que la voluntad política de principios de legislatura "ha cedido y se ha bajado la guardia".

En su opinión, la postura de los partidos "ha quedado al desnudo y, ni siquiera en la campaña (electoral), es para ellos un tema prioritario".

La responsable de campañas de Amnistía Internacional (AI), Eva Suárez Llanos, ha opinado que la violencia machista es una vulneración de los derechos humanos y, por tanto, es el Estado quien debe velar por la protección de las víctimas y garantizar su seguridad, no la sociedad. Y ha explicado que a la sociedad no se le puede pedir que esté alerta y denuncie los casos que conoce si después la Administración no puede proteger a las mujeres.

Por otro lado, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) constituirá con carácter urgente una comisión intersectorial para abordar este problema y dar una respuesta "contundente" desde el ámbito local, junto a todos los agentes e instituciones implicadas.

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