Todos los países de la Unión Europea estarán obligados a tipificar como delito en sus legislaciones nacionales actividades dañinas para el medio ambiente como el transporte ilegal de residuos, el comercio de especies animales en vías de extinción o el deterioro de espacios naturales protegidos. Además, deberán introducir sanciones penales "efectivas, proporcionadas y disuasorias" para castigar a los responsables, según se recoge en la nueva directiva sobre protección del medio ambiente mediante el derecho penal que fue aprobada hoy por la Eurocámara y por los Veintisiete.

Los Estados miembros tienen ahora un plazo de 24 meses para introducir esta directiva en sus legislaciones nacionales. En España, los delitos contra el medio ambiente ya están contemplados en el Código Penal.

La directiva exige a los países de la UE que tipifiquen también como delito cualquier daño importante al medio ambiente causado por vertidos ilegales al aire, agua o suelo; la gestión ilegal de productos peligrosos, incluyendo la fabricación o la manipulación de materiales nucleares; o el tratamiento ilegal de residuos.

Los Estados miembros deberán garantizar que se pueda responsabilizar a las empresas de delitos llevados a cabo por personas individuales pero de los que se benefician.

La propuesta original de la Comisión incluía niveles mínimos de penas para los delitos medioambientales, pero éstos han sido retirados de la norma finalmente aprobada porque el Tribunal de Justicia sentenció el pasado octubre que Bruselas no tiene competencias para definir los tipos y los niveles de sanciones penales para delitos medioambientales.

Pese a ello, el Ejecutivo comunitario subrayó que la nueva directiva contribuirá a reforzar la protección del medio ambiente en Europa al garantizar que los atentados más importantes contra la legislación de la UE en esta materia sean castigados como delitos en todos los Estados miembros.

"No habrá más refugios seguros para los responsables de contaminar nuestro medio ambiente", dijo el vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, a través de un comunicado.

"Convertir las vulneraciones graves de la legislación medioambiental de la UE en delitos penales tendrá un efecto disuasorio importante y mejorará la aplicación de esta normativa en beneficio de los ciudadanos europeos", resaltó por su parte el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas.

La nueva directiva sustituye a una norma anterior de 2003 que fue anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por motivos procedimentales. La decisión marco anterior había sido aprobada por los Estados miembros sin la participación de la Comisión ni de la Eurocámara. El Tribunal dictaminó que la protección del medio ambiente es uno de los objetivos fundamentales de la UE y que por tanto la norma debía adoptarse dentro del marco comunitario, con la participación de la Comisión y el Parlamento.