El juez de Instrucción número 8 de Palma, Antonio Rotger, decretó ayer prisión sin fianza para el ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital mallorquina, Javier Rodrigo de Santos, por un presunto delito de abusos sexuales a menores por el que se enfrenta a una pena máxima de diez años de cárcel, según confirmaron ayer fuentes de la investigación judicial.

El magistrado ha decretado también secreto sumarial, por lo que se desconoce con cuantos menores se le relaciona. De Santos, -que recientemente cesó de su cargo tras demostrarse que gastó en clubes de alterne 50.800 euros con la tarjeta de crédito de concejal, y que devolvió-, ha reconocido durante la comparecencia que conoce a algunos de estos menores.

De Santos reside en Madrid desde que el pasado mes de marzo estallara este escándalo, por lo que el jueves, llegaba desde la capital para acudir a la citación. El ex concejal tuvo que ser custodiado por una decena de agentes que lo acompañaron hasta las puertas de la Fiscalía Superior de Baleares, los mismos que posteriormente la condujeron hasta las dependencias de la Policía Nacional de Palma, donde prestó declaración ante los agentes, en compañía de su abogado, Bartolomé Vidal.

El ex edil se declaró inocente de todos los delitos que se le imputaron durante su declaración, según señaló Vidal, aunque finalmente tuvo que permanecer toda la noche en los calabozos, ya que ayer tenía que presentarse en los juzgados de la capital mallorquina.

En esta nueva comparecencia, De Santos insistió en su inocencia, sin embargo el magistrado decidió solicitar para él prisión sin fianza por un delito de malversación de caudales públicos en locales de prostitución de homosexuales, de los que dilapidó 50.800 euros.

Del mismo modo, el juez decretó secreto de sumario, por lo que se desconoce con cuantos menores se relaciona al imputado. En este sentido, su abogado, Bartolomé Vidal, destacó que su cliente ha admitido que conoce a algunos de estos menores.

Se desconoce por qué el imputado ha decidido declararse inocente en estas últimas intervenciones cuando, al conocerse su caso, el propio edil popular reconoció que utilizaba la tarjeta visa del Ayuntamiento para sufragar sus gastos en locales homosexuales. El propio acusado alegaba entonces, que este comportamiento se debía a un problema de salud relacionado con su adicción a la cocaína, tal y como explicó en un burofax que remitió al Consistorio palmesano.

Por su parte, la directora general de Menores y Familia del gobierno balear, Francesca Vanrell, manifestó ayer, que se trata de unos hechos "muy graves y desagradables" y remarcó, no obstante, que "hay dejar que la justicia actúe" y "se llegue a destapar" todo lo que ha sucedido.