El Observatorio contra la Violencia de Género criticó hoy "el insuficiente desarrollo" por parte de la Administración Penitenciaria de los programas dedicados a la rehabilitación de los maltratadores, una obligación que recoge la ley contra la violencia machista. 

Según explicó la presidenta del organismo, Montserrat Comas, los agresores que se encuentran en la cárcel pueden seguir estos cursos de forma voluntaria, pero "es obligatorio para todos los condenados a los que se suspende o se sustituye la pena privativa de libertad".

Tras tres años de la entrada en funcionamiento de los juzgados especializados de violencia de género, el 29 de junio de 2005, Comas urge al Gobierno al proceder a la comarcalización de éstos órganos judiciales para que puedan asumir las competencias en esta materia de los partidos judiciales próximos geográficamente.

La presidenta considera que esta decisión es "inaplazable", ya que 375 de los 458 juzgados de violencia sobre la mujer compatibilizan estos casos con otros de diversas materias, "lo que genera muchas disfunciones debido a la sobrecarga de trabajo y a la imposibilidad de actuar como verdaderos órganos especializados".

Reformar la ley

Comas también reclama al Ejecutivo socialista la "constitución efectiva" de las Unidades de Valoración Forense, encargadas, entre otras cosas, de valorar la situación de riesgo de las víctimas. Además, apuesta por realizar, "respetando la filosofía" de la norma, "reformas técnicas" concretas que "permitan superar las disfunciones detectadas desde los primeros momentos y una mejor efectividad en la aplicación de la ley". 

Pese a todo, el observatorio asegura que el balance de los tres años "ha mejorado cualitativamente la respuesta judicial e institucional hacia las víctimas", ya que se otorgan más medidas de protección, hay una mayor eficacia en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de violencia machista y se ha terminado con la dispersión judicial.