Múgica cuestiona la situación de los centros de menores y pide que se regulen

  • El Defensor del Pueblo comparece en el Senado para explicar los presuntos malos tratos en estos centros · Acusa al fiscal jefe del TSJM de "contar Alicia en el país de las maravillas" al negar los hechos

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, reclamó ayer en el Parlamento un gran debate nacional y la colaboración del Gobierno y las comunidades autónomas para disponer de un reglamento de aplicación común en todos los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social. Múgica presentó en la Comisión Mixta Congreso-Senado un informe, que fue difundido a principios de febrero, elaborado entre 2007 y 2008 sobre 27 de los 58 centros de este tipo existentes en España, en el que se denuncian casos de maltrato.

El Defensor cuestionó el nivel ético de determinados métodos que se aplican a algunos de esos centros, después de atender denuncias de familias y educadores, y contar con el testimonio de niños, trabajadores y directores de al menos un centro por cada comunidad que dispone de ellos. Entre las deficiencias encontradas, citó que se prohíbe a los menores la asistencia a centros educativos, se les administra medicación psiquiátrica a veces abusiva y contra su voluntad. Se imponen como castigo determinadas medidas de contención o aislamiento, y a veces se efectúan registros personales obligándolos a desnudarse completamente sin justificación.

Múgica denunció que algunos especialistas justifican el internamiento en salas de aislamiento sin ventilación, a veces por tiempo indeterminado, porque se trata de que "el niño toque fondo, de doblegar del todo su resistencia". Estos menores "no son delincuentes", advirtió Múgica, sino que su único delito es "nacer" en familias desestructuradas o haber crecido en la marginación y la exclusión social. Múgica sugirió que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre la atención a estos menores, que contenga los supuestos, requisitos y condiciones para aplicar medidas de contención de carácter no sancionador.

"En muchos centros hay una tendencia proclive a la confusión entre pedagogía y derecho penal", apostilló, al tiempo que aludió a las "fugas" de menores. También pidió un sistema de reclamaciones y quejas en los centros, que se aprueben las especialidades de psiquiatría y psicología infantil y de la adolescencia y más inspecciones fiscales, que son "muy escasas", y sobre todo, agregó, es necesario "escuchar a los menores". Múgica señaló que los correctivos son necesarios, pero se debe superar el método de "vigilar y castigar".

En relación con las críticas recibidas por este informe de parte del jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, Múgica replicó que han descrito una situación como la de "Alicia en el País de las Maravillas". El Fiscal General del Estado ha acordado la apertura de diligencias preprocesales y las oportunas investigaciones sobre las situaciones descritas, dijo Múgica.

Por último, reconoció en general la labor de los profesionales que atienden los centros, "sometidos a diario a una fuerte tensión personal y emocional". Según datos del Defensor, las bajas, los despidos y la rotación de trabajadores suele ser habitual en algunos centros; en algunos casos se llega al 50% de casos.

Entre otros grupos, el PSOE ha entendido que se debe reflexionar y luego trabajar sobre el asunto de las autorizaciones judiciales propuestas por el Defensor y ha anunciado una proposición no de ley para promover un catálogo de buenas prácticas en colaboración con las CCAA y otras entidades sociales.

El PP ha calificado de "desoladora" la situación descrita por Múgica, ha mentado los "muchos mea culpa de las administraciones" y ha indicado que el Defensor debería haber puesto algunos datos del informe "inmediatamente" en conocimiento de la fiscalía.

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