El Gobierno aprobará una norma por la que se establecerá un "marco básico" que garantice la "equidad" y "calidad" en la interrupción voluntaria del embarazo, así como el "respeto a la intimidad y confidencialidad" de las mujeres que decidan abortar, según informó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al finalizar el Consejo de Ministros.

Tras el debate generado por la investigación judicial abierta sobre varias clínicas por haber llevado a cabo, supuestamente, abortos ilegales, los ministros de Sanidad y Justicia presentaron sendos informes sobre este asunto en la reunión del Ejecutivo.

Sanidad promoverá una norma común -probablemente un decreto- que regulará las garantías en las que se practican los abortos en el conjunto del Estado, no sólo para las mujeres sino también para los profesionales de las clínicas acreditadas para este fin.

La iniciativa podría sustentarse en un Real Decreto que, tras pasar por el Consejo de Estado, se aprobará, previsiblemente, antes de que concluya la legislatura, informaron fuentes de Sanidad.

El objetivo de la norma será promover la equidad y la calidad, de modo que el acceso a esta prestación "sea igual en todo el territorio español" y "no haya discriminaciones", ya que, confesó De la Vega, "ha habido algunas disfunciones". También determinará las "condiciones y requisitos" de los conciertos que mantiene la Sanidad pública con clínicas privadas que practican las interrupciones voluntarias del embarazo.

Fernández de la Vega apuntó que los informes presentados ayer por el ministro de Sanidad, Bernat Soria, han tenido en cuenta a todos los sectores afectados. Tras analizar la situación, "el ministro ha visto que sería conveniente establecer una norma básica que regulase las condiciones y requisitos jurídicos de los conciertos que se producen cuando una prestación del Sistema Nacional de Salud se hace por una clínica privada", indicó.

En lo referente a Justicia, "y dado que los datos relativos a la salud de las personas son especialmente sensibles y protegidos", el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha solicitado un dictamen a la Agencia de Protección de Datos, de manera que "emita un informe en el que se fijen los limites en el ejercicio de la facultades de inspección de las Administraciones Públicas".

Fernández de la Vega, dejó la puerta abierta a una posible "mejora" de la ley, siempre que el debate social lo solicite.