La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, anunció ayer en la primera comisión parlamentaria de la legislatura que en junio el Consejo Territorial decidirá sobre dos aspectos "importantes" para la financiación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia: el copago por parte de los beneficiarios de los servicios y la acreditación de centros, servicios y entidades que actúan en el ámbito de la atención a la dependencia.

La ministra aseguró, además, que impulsará un análisis del funcionamiento de la Ley de Dependencia junto a las comunidades autónomas, con independencia de la evaluación que la norma establece para dentro de dos años. Asimismo, encargará un estudio sobre el Sistema Informático de Atención a la Dependencia (Siaad), debido a que algunas comunidades han detectado problemas de coordinación entre los distintos sistemas de gestión. La ministra subrayó que con estas medidas se pretende "avanzar" en la implantación de la Ley de Dependencia de forma coordinada con las comunidades autónomas. Sin embargo, reconoció las "dificultades" que tiene la norma, al tratarse de un proyecto "ambicioso y "complejo", para el que "se exige el acuerdo permanente de las distintas administraciones".

"Sería una trampa entrar en el juego" respecto a de quién es la responsabilidad de los problemas que pueda tener la aplicación de la Ley, dijo Cabrera, quien recordó que "el enorme esfuerzo de coordinación de estas políticas es tarea del Ministerio, pero es inútil la tarea si no hay cooperación de las comunidades autónomas". Según anunció Cabrera, hasta comienzos del mes de mayo, han sido 374.000 los ciudadanos los que ya han solicitado la valoración desde que la norma entró en vigor, y 240.683 los que han sido reconocidos como beneficiarios.

Por su parte, la portavoz de Política Social del Grupo Popular, Lourdes Méndez, exigió a la ministra que sea "seria y coherente" en cuanto al desarrollo normativo de la Ley, que, a su juicio, es "incompleto, farragoso y costoso". Asimismo, denunció que las políticas familiares "se han reducido" con la incorporación de las mismas a este nuevo ministerio.