El Gobierno ha autorizado la firma del convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, que entró en vigor el pasado 1 de febrero, y que hasta el momento lo han ratificado diecisiete estados y veintiuno lo han firmado sin ratificar.

"España, uno de los países más solidarios del mundo según cualquier indicador que tomemos, debe estar también en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos, de la protección de las víctimas y de la persecución y el castigo a los indeseables que ignoran los derechos de los seres humanos", ha asegurado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Precisamente, el jueves se manifestaron ante la Moncloa representantes de una veintena de ONG pidiendo al Ejecutivo español, precisamente, la rúbrica de este compromiso.

El convenio tiene por objeto prevenir y combatir el tráfico de seres humanos en todas sus formas, en todo el planeta, y se basa en el principio fundamental de la protección y promoción de los derechos de las víctimas. Se estima que unos 2,4 millones de personas son víctimas en todo el mundo de esta situación. En España, las estimaciones hablan de unas 45.000 mujeres y niñas víctimas de la explotación sexual.