Desarticuladas dos organizaciones que concertaban matrimonios de conveniencia

  • Una de ellas cobraba a los extranjeros que pretendían lograr la residencia cerca de 10.000 euros.

Son muchas las personas que aprovechan el drama de la inmigración para enriquecerse de una u otra manera. Ése parece ser el caso de las 19 personas que detuvo la Policía en la Comunidad Valenciana, y de otras tres que arrestadas en Santa Cruz de Tenerife, que presuntamente se dedicaban a la concertación de matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y extranjeros. En la primera de las operaciones, los agentes averiguaron que los arrestados llegaban a cobrar cerca de 10.000 euros a los extranjeros para concertar dichos matrimonios cuyo fin no era otro que regularizar la situación de los 'sin papeles' en España.

Las cabecillas del primero de los grupos, perfectamente estructurado y cuya actividad se centraba en la Comunidad Valenciana, eran cuatro hermanas de entre 21 y 30 años, que vieron en los matrimonios de conveniencia un filón de donde sacar "tajada". Asimismo, éstas eran las que captaban a mujeres dispuestas a casarse por dinero y las que finalmente, utilizaban a dos hombres de origen nigeriano y pakistaní para captar clientes extranjeros.

La Policía comenzó su investigación en el mes de noviembre del año pasado, al percatarse de que existía un grupo perfectamente estructurado en la Comunidad Valenciana, que se dedicaba a realizar matrimonios de conveniencia. Así, consiguieron saber que los arrestados llegaban a usurpar el estado civil de personas ajenas a las que se les había perdido o sustraído la correspondiente documentación, para suplantarlas en la celebración de esos casamientos.

En ocasiones, ni siquiera eran los verdaderos clientes extranjeros los que se presentaban al enlace, sino que eran otros compatriotas que posteriormente remitían la tarjeta de residencia a los interesados en trabajar en España, pero que permanecían en sus países.

Las pesquisas de los agentes permitieron identificar a los distintos miembros de la organización, por lo que, en el dispositivo que establecieron a principios de la semana detuvieron a un total de 19 personas en las localidades de la Comunidad Valenciana de Paterna, Moncada, Burjassot, Castellón y Valencia. Fueron once mujeres, de entre 21 y 30 años y de nacionalidad española, y cinco hombres de entre 20 y 51 de origen indio, pakistaní y nigeriano.

Los arrestados, a los que se imputa delitos de asociación ilícita, bigamia, usurpación de estado civil, contra el derecho de los trabajadores, falsificación documental, tráfico de drogas y favorecimiento de la inmigración ilegal, pasaron a disposición judicial, aunque la investigación se mantiene abierta con el objetivo de esclarecer si la red estaba relacionada con otras.

La operación, a la que denominaron Canónicos, fue realizada por la Unidad Central Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Jefatura Superior de Valencia, y contó con la colaboración de la Brigada Central Contra las Redes de Inmigración de la Comisaría General de Extranjería y Documentación y agentes de la Comisaría de Burjassot (Valencia).

Otra operación, llamada 'Alondra', y que comenzó en junio de 2007, finalizó con la detención de tres mujeres, S.O.B. de origen nigeriano, principal implicada, y M.E.C.H. y M.C.P.P., naturales de Santa Cruz de Tenerife y colaboradoras de la cabecilla. Al igual que en el caso de las valencianas, estas introducían en Europa a personas de origen africano mediante la concertación de matrimonios de conveniencia.

En este caso, captaban a personas necesitadas en Nigeria a las que ofrecían venir a España tras pagar una considerable cantidad de dinero. A continuación, la red captaba a personas de nacionalidad española que estuvieran dispuestas a contraer matrimonio a cambio de dinero, a las que ofrecían 3.000 euros. Estas viajaban hasta Gambia, donde tenía lugar la celebración del matrimonio por facilidades institucionales, y una vez que el extranjero conseguía el certificado que probaba que estaba casado con un ciudadano español, ya podía entrar en España sin más problema.

Además de la Policía, en esta segunda operación de parecidas características tuvo que participar el Servicio Aduanero de Vigilancia Aduanera del fisco de Santa Cruz de Tenerife "dada la complejidad del caso, cuyos informes emitidos resultaron de vital importancia", según fuentes policiales. Pero una vez concluido con éxito el operativo, las arrestadas pasaron a disposición judicial.

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