Diez días tendrán los ciudadanos para formular alegaciones al proyecto de ordenanza de la calle Real, que desde ayer está en exposición pública y que puede consultarse en la página web del Ayuntamiento (sanfernando.es). Desde el gobierno municipal se emplazó a los isleños a que remitir sugerencias y aportaciones para enriquecer su redacción final.

Una vez superado este trámite, la propuesta de ordenanza se elevará al pleno municipal para su votación y, a continuación, volverá a abrirse un nuevo periodo de exposición pública.

En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Bermejo, recalcó ayer en un comunicado ese "afán de participación y consulta" del equipo de gobierno, que le ha llevado a consensuar el documento en primera instancia con los colectivos que de una u otra forma están implicados con la actividad de la calle Real y a exponer y dar publicidad al proyecto de ordenanza, "no a la propuesta definitiva" que posteriormente también tendrá que pasar por pleno y cumplir su periodo de alegaciones.

Se trata -concretaba en el documento- de facilitar la participación en el procedimiento de elaboración de una ordenanza "que supone un nuevo concepto de uso de vía peatonal compartida".

Bermejo, en este sentido, detalló que la ordenanza se hacía necesaria "para regular aspectos que hasta la fecha no habían sido objeto de norma alguna". De esta forma, el documento vendrá a determinar "legalmente" las condiciones de uso de esta vía por parte de los locales comerciales, garajes, edificios públicos, hoteles, iglesias o domicilios privados, si bien su tramitación resulta imposible de desligar de la próxima puesta en marcha del tren-tranvía, prevista para el segundo semestre de este año.

"La ordenanza regulará el espacio urbano de esta vía del tráfico indiscriminado de vehículos", advierte el Ayuntamiento. También reglará los usos de la calle Real cuando se celebren actividades recreativas, deportivas, comerciales, religiosas, lúdicas u otra, además del tránsito y de las actividades peatonales. "Con ello se garantizan las exigencias de calidad ambiental, de prestación de servicios públicos, seguridad ciudadana, protección del patrimonio y la seguridad vial", asegura.