El gobierno local ha advertido del impacto que pueden llegar a tener la relamaciones de las plusvalías para las arcas municipales tras las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, que consideran nulo el cobro de este impuesto municipal cuando la venta de las viviendas o parcelas que grava se ha realizado con pérdidas o sin ganancia alguna. Es decir, por debajo o igual que los precios a los que inicialmente habían sido adquiridas. Solo en la provincia de Cádiz se calcula que hay unos 12.600 afectados que pueden reclamar ahora el dinero que abonaron en su día por el Impuesto sobre el Valor de los trrenos de Naturaleza Urbana.

En La Isla, se desconoce todavía el alcance que pueden llegar a tener estas reclamaciones, si bien el gobierno municipal no ha ocultado sus recelos tras conocerse las últimas resoluciones judiciales. En poco tiempo podrían empezar a llegar al Ayuntamiento estas reclamaciones a las que las sentencias del Tribunal Constitucional han dado luz verde. El número de afectados que podrían exigir al Consistorio el reembolso de las plusvalías todavía no se conoce pero en la provincia -como se ha apuntado- se calcula que hay miles de afectados.

"Desequilibraría el balance municipal de ingresos y gastos", dice Conrado Rodríguez

Hacer frente a la devolución de estos impuestos "vendría a desequilibrar el balance municipal de ingresos y gastos en tanto que esas cantidades deben ser reembolsadas a los pagadores", señaló ayer Rodríguez, que recordó que junto al IBI el cobro de las plusvalías es el impuesto del que se nutre mayoritariamente la administración local.

Los ayuntamientos -sostiene el equipo de gobierno isleño- no pueden verse afectados por esta circunstancia "que debe solventar el gobierno de la nación cambiando la legislación". De ahí que el ejecutivo municipal se haya sumado a las voces que reclaman una reforma de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales de manera "urgente e inmediata" y que piden medidas compensatorias para que los ayuntamientos puedan hacer frente a lo que se avecina. Esa reforma -explican- permitiría a los gobiernos municipales adaptarse al nuevo ordenamiento fiscal surgido al amparo de las sentencias del Tribunal Constitucional.

"Se trata de una reforma que nos permita a los ayuntamientos adaptar las ordenanzas fiscales municipales a lo que establecen las sentencias con el objetivo de evitar que los isleños se vean perjudicados cuando relamente no han obtenido esa supuesta plusvalía", insistió el concejal Conrado Rodríguez en un comunicado de prensa remitido en este sentido. "No podemos cobrar un impuesto sobre un concepto que no se ha producido al no contabilizarse ganancia alguna en la venta de esos inmuebles pero tampoco perder capacidad recaudatoria".

Las administraciones locales -se recordó desde el Ayuntamiento isleño- desarrollan sus ordenanzas fiscales a partir de la normativa que marca el gobierno central. "Por tanto -explicó el concejal de Gestión Presupuestaria- hasta que no se modifique la administración local no tiene posibilidad de cambiar los términos de la ordenanza".

En este sentido, desde el Ayuntamiento isleño se ha reclamado también al Ministerio de Hacienda la adopción de "medidas compensatorias" a favor de las administraciones locales para hacer frente al reembolso de las cantidades que supondrán las reclamaciones de las plusvalías que ahora están por venir.

El gobierno local, de esta forma, ha recordado "la realidad económica de los ayuntamientos" para insistir en la necesidad de que el gobierno central se implique en este problema en lugar de permanecer indiferente. "Hablamos de más de dos mil millones de euros en todo el territorio nacional que los municipios se verán abocados a devolver", alertó el socialista Conrado Rodríguez.