El gobierno municipal propondrá en el próximo pleno, que se celebrará el jueves, la adhesión de La Isla al convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria.

Se trata, explicó el concejal de Presidencia, el socialista Conrado Rodríguez, de un acuerdo que permitirá que desde los juzgados se notifiquen y se pongan al tanto a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de los próximos lanzamientos y de situaciones familiares de especial vulnerabilidad, "lo que permitirá intervenir con más tiempo para ayudar a buscar soluciones al problemas y gestionar distintos recursos".

Según el edil Conrado Rodríguez, "permitirá intervenir en desahucios con más tiempo"

La puesta en marcha de este protocolo -aclaró- es relativamente rápida y ha está dando muy buenos resultados en los municipios que ya se han sumado a esta iniciativa, así que el equipo de gobierno espera contar con un amplio respaldo del pleno para sacar adelante esta propuesta. Desde el ejecutivo municipal se plantea esta medida en un debate que inevitablemente estará marcado por la reciente dimisión de la concejala de Inclusión y Políticas Sociales, Ana Lorenzo, tras conocerse a través de una grabación de audio que había recomendado a una familia a punto de ser desahuciada que okupara ilegalmente una vivienda propiedad de una entidad bancaria cuyos datos facilitó.

El concejal de Presidencia, en este sentido, recordó que este acuerdo era uno de los compromisos del gobierno en materia de vivienda y aseguró que desde el Ayuntamiento se estaba trabajando en este tema desde hacía meses. El convenio entre el CGPJ, la Junta y la FEMP -explicó- se remonta al año 2016, si bien ha sido necesario esperar a la prórroga acordada en el pasado mes de marzo para aclarar algunas cuestiones que permiten definitivamente al municipio isleño sumarse a esta medida, que se espera poner en marcha en un corto plazo de tiempo.

Cabe recordar que el grupo municipal popular rescatará también en el pleno a través de una moción la batería de medidas en materia de vivienda y desahucios que el gobierno municipal que comparten PSOE y PA suscribió tras las elecciones municipales de 2015 con la intención de reabrir el debate a raíz de la polémica okupa de las últimas semanas. Estas medidas, entre otras propuestas, incluían habilitar recursos municipales para paralizar todos los desahucios y desalojos y garantizar una alternativa habitacional a los afectados, poner en marcha un programa de información y asesoramiento jurídico para las personas que están a punto de ser desahuciadas y llegar a un acuerdo con el Juzgado para firmar un convenio de forma que se pongan al tanto a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de los próximos lanzamientos para que se pueda intervenir con antelación suficiente, que es precisamente el objeto del convenio que se llevará a este mismo pleno para aprobar la adhesión de La Isla.

Para esta sesión se ha convocado también una concentración en apoyo de Ana Lorenzo.