La concentración frente a las instalaciones de Edelsur Real Estate S.L. para protestar por las presuntas irregularidades de esta empresa, con motivo del atraso de las viviendas de San Marcos, no aportó nada nuevo al conflicto que mantiene con la constructora Obrasur. Con una pancarta desplegada, los poco más de veinte asistentes calificaron como "estafador" al administrador de la promotora, Manuel Arroyo Parazuelo. Los concentrados, entre los que se encontraban permutadores de los terrenos, obreros y algún comprador, denunciaban al promotor por "no pagar a la constructora ni entregar pisos a los compradores ni a los permutantes", según rezaba la pancarta que sostenían. La situación de muchos de ellos es desesperada.

Uno de los congregados a las puertas de la promotora es el gerente de la constructora Obrasur S.L., Francisco García Melero, quien mantiene que Manuel Arroyo le adeuda en concepto de certificaciones de obra más de 303.000 euros. Ese motivo es, según su punto de vista, el que impide que pueda entregar las viviendas, cuya obra está actualmente paralizada, a punto de terminarse. Sin embargo, Arroyo -el promotor- no opina lo mismo, ni mucho menos. El administrador único de la empresa Edelsur Real Estate S.L., comentó que tomó la decisión de rescindir el contrato con la constructora porque ésta no terminó las obras de las viviendas en el plazo fijado -en enero de este año-. Arroyo, además, considera desproporcionada la cantidad de dinero que solicita el propio constructor.

El administrador de la promotora se defendió también de algunas de las acusaciones de los manifestantes, ya que, según el promotor, "en ningún momento he amenazado a nadie", tal como aseguraba el constructor. Para demostrar la legalidad de sus procedimientos incidió en entregar las escrituras a los diferentes propietarios de las viviendas. Como prueba, mostró una serie de escritos, entre los que destacan la liquidación final de la obra y el certificado de acta de la actuación, que aparecían sin la firma del propio constructor, quien calificó posteriormente que estos documentos eran falsos.

Mientras que este enfrentamiento entre constructor y promotor -del que ayer fue testigo este periódico- se prolonga en el Juzgado de Instrucción de San Fernando, las familias perjudicadas esperan que todo el proceso se solucione lo más rápido posible y puedan instalarse por fin en sus viviendas, que esperan desde hace tres años.