Si Clemente Ruiz García, único detenido en el caso del desfalco de 7,8 millones de euros de la caja municipal en el Ayuntamiento de San Fernando, quiere poner un pie en la calle antes de que expire el plazo máximo que puede permanecer en la prisión de Puerto II con carácter preventivo -dos años, de los cuales ya se ha cumplido uno-, la estrategia utilizada hasta el momento tiene que cambiar. Eso es lo que piensa su abogado, José Luis Tellado, a la luz de los resultados que hasta el momento se han obtenido tanto por su parte como por parte del anterior letrado que durante muchos meses se encargó de su caso.

Por ello, en vez de apelar el recurso que deniega de nuevo la solicitud de libertad de su cliente y que fue publicado el pasado 30 de noviembre, la intención del abogado ahora es otra. Así, explicaba a este periódico, su objetivo se centra ahora en solicitar nuevas pruebas que amplíen la información de la que dispone la defensa hasta el momento de tal manera que surjan más datos que puedan exculpar a Clemente Ruiz, al menos en la justa medida para que le permitan salir en libertad a la espera de un juicio que se eterniza hasta el momento.

Dos son las líneas de investigación que se plantea el abogado. Por un lado, en relación a documentación relativa a las diferentes operaciones económicas que se realizaban en la Delegación de Hacienda, se refiere en este sentido a documentos de estos últimos años que no obran en su poder hasta el momento. Por otro lado, también quiere conseguir nuevas pruebas informáticas, para lo cual requerirá de los servicios de un técnico especialista. Para ambos casos, además, necesitará de una solicitud previa al Juzgado que instruye el caso. Y ambas, señalaba el abogado, requieren de un plazo determinado para que se aprueben, más el tiempo de la propia investigación. Pero es la única posibilidad. No quiso entrar en más detalles Tellado acerca de las futuras estrategias que empleará en su defensa, pero sí afirmó que, tras la denegación de la última petición de libertad, su cliente se encuentra bastante desanimado y afectado al respecto. Afirmaba el abogado que ha sido un nuevo varapalo para su cliente, máxime ahora que se acercan unas fechas tan señaladas como las fiestas navideñas. "Ahora mismo está noqueado", sentenció.

Porque la resolución de la jueza no deja lugar a dudas: "No procede la modificación de la medida, la cual sigue configurándose como proporcionada a los fines perseguidos y a la pena a la que eventualmente se enfrenta el imputado", según se recoge en el último auto judicial, un calco de los anteriores que se han emitido denegando cada vez que se ha solicitado la libertad del imputado.

Mientras tanto el proceso sigue sin una perspectiva de juicio a la vista. La investigación, compleja y con muchas ramificaciones como en más de una ocasión han certificado fuentes policiales, se prolonga y se acerca ya peligrosamente a fechas pre-electorales, una circunstancia que, si de por sí iba a alterar el curso de los comicios municipales, más lo hará si aún no ha sido resuelta o si se encuentra en pleno juicio.

Sea como fuere, será sin duda el hecho que marcará el futuro político de la localidad, más allá del Bicentenario y el tranvía. Y esta realidad, a estas alturas, no queda claro si beneficiará a alguno de los tres partidos que actualmente forman el pleno. El desgaste en el PA ha sido obvio, al haber sido responsable de la Delegación de Hacienda. En el PP, también, por haber formado parte de ese gobierno en coalición. Y los socialistas, por el desgaste que ha supuesto muchos meses de encarnizada crítica.