Vecinos de los pisos militares impugnarán las condiciones de venta del Invifas

  • Los afectados de la zona del Merendero buscan el respaldo de la Asociación Nacional de Compradores y Usuarios de Viviendas del Ministerio de Defensa para que les oriente e informe sobre el proceso

Los inquilinos de los pisos militares de las calles Marqués de la Victoria, Cádiz, Ferrol y Cartagena han recurrido a la Asociación Nacional de Compradores y Usuarios de Viviendas del Ministerio de Defensa (Anuvimde) para que les asesore e informe sobre la posibilidad de impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia el proceso de enajenación iniciado por el Ministerio de Defensa a través del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas), que rechazan de pleno por la elevada tasación de las fincas.

El precio de las casas, para sorpresa de sus inquilinos, se ha duplicado con respecto a las primeras viviendas de la zona a las que el Invifas dio salida hace tan sólo un par de años. De oscilar entre los 40.000 y los 48.000 euros ha pasado a situarse entre los 72.000 y los 90.000 euros, según el valor medio de las dos tasaciones que el Invifas ha encargado a sendas empresas especializadas y que han valorado la vivienda en función de la situación del mercado inmobiliario.

El Invifas ha fijado posteriormente el precio de venta de los pisos al 50 por ciento de la media de la tasación -tal y como establece la ley- lo que supone que han sido tasados en torno a los 180.000 euros, una cifra que los afectados consideran excesiva para unas viviendas que tienen cuarenta años y que además duplica prácticamente la que se barajaba hace un par de años en la misma barriada y en fincas prácticamente iguales.

Ayer, los vecinos de la zona -conocida también con el nombre del Merendero- se reunieron en los salones parroquiales de la iglesia de la Divina Pastora con dos representantes del colectivo nacional que aglutina a usuarios afectados de toda España -Anuvimde- y que ha interpuesto ante los tribunales numerosos recursos similares contra el Ministerio de Defensa (en torno a 10.000, según informó la propia asociación).

Uno de los argumentos principales que esta asociación de afectados esgrime en sus recursos es que estas promociones que el Invifas ofrece a la venta a sus usuarios -muchos de ellos llevan décadas viviendo en ellas y cuentan con una avanzada edad que les impide acceder a un préstamo hipotecario- es que se trata de viviendas protegidas y, por tanto, no pueden ser tasadas en función de los precios del mercado. Además, esta circunstancia hace que la ley de Defensa que rige en el proceso de enajenación interfiera con las competencias en materia de vivienda protegida de la comunidad autónoma, según explicó a este periódico Jesús López, el representante de Anuvimde que se reunió con los afectados.

"De lo que se trata -afirmó- es de impugnar las condiciones de venta de las viviendas que plantea el Invifas porque se trata de viviendas protegidas y han de venderse al 50 por ciento de su valor como vivienda protegida de hace 40 años".

La Asociación Nacional de Compradores y Usuarios de Viviendas del Ministerio de Defensa aconsejó ayer a los numerosos vecinos del Merendero que se acercaron a la Pastora de los pasos a seguir para impugnar las condiciones de venta y, si lo desean, para formalizar la compra de las casas.

En la barriada se localizan unos 180 pisos militares que se distribuyen en las calles Marqués de la Victoria, Cádiz, Ferrol y Cartagena. Una parte de los pisos militares -Bonifaz, Florencio Montojo y un tramo de Marqués de la Victoria- salió a la venta hace un par de años por prácticamente la mitad del precio que ahora pide el Invifas. El resto del parque inmobiliario ha tenido que esperar a que Defensa formalizara un convenio con el Ayuntamiento para la recepción de los viales y la ejecución de obras de mejora de los mismos.

La preocupación de los inquilinos de los pisos militares ha ido creciendo a lo largo de las últimas semanas, desde que recibieran del Invifas las notificaciones para la venta de las viviendas. A raíz de las primeras protestas de los afectados, la senadora socialista María Jesús Castro actuó como interlocutora y trasladó el problema al director del Invifas, Carlos Navarro, que se comprometió a solicitar a las empresas tasadoras que revisarán la operación. Esta semana, anunció que mantendría una nueva reunión con el máximo responsable de Defensa en materia de vivienda para intentar abordar una solución al problema.

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