El PP ampliará el uso público de San Carlos si gana las elecciones

  • José Loaiza explicó ayer que el compromiso popular es firmar el convenio entre el SAS y el Ministerio de Defensa en los primeros seis meses de mandato

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El Partido Popular (PP) se ha mostrado contrario a que una ciudad con más de 75.000 habitantes no cuente con un hospital propio. Eso es lo que le ocurre a San Fernando. Al menos en parte: las instalaciones hospitalarias existentes en el municipio son militares, y no todas las especialidades están abiertas al conjunto de los usuarios. Por eso, la formación anunció ayer que si ganan las elecciones autonómicas, firmarán un convenio con el Ministerio de Defensa para abrir todos los servicios de San Carlos a los ciudadanos. Y lo harán en los primeros seis meses de legislatura.

San Fernando necesita un hospital y la mejor forma de tenerlo es conveniar el uso total del hospital militar. "Se economizan así los recursos y medios existentes", señaló ayer ante las puertas de este centro el presidente del PP provincial, José Loaiza, y miembro de la lista a los comicios al Parlamento andaluz. Hasta la fecha, y tras el segundo convenio entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los responsables de Defensa, son trece las especialidades de las que se atiende a los isleños en estas instalaciones. Para otras, los usuarios deben desplazarse hasta Cádiz. "No puede ser que ningún isleño -a excepción de los hijos de militares y descendientes- nazca en su ciudad, porque no haya disponible un servicio de maternidad para todos en San Carlos", criticó el dirigente del PP.

Tampoco se cuenta en La Isla con unas urgencias adecuadas, puesto que, según apuntó la presidente local del partido -también miembro de la lista andaluza-, María del Carmen Pedemonte, el centro de La Ardila no posee las infraestructuras y recursos necesarios: "Los usuarios han mostrado sus protestas, como los empleados que trabajan incómodos".

El compromiso, por tanto, del PP es ampliar los servicios hospitalarios para los usuarios, con un acuerdo que se firmaría en los primeros seis meses de mandato.

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