Tres familias de San Fernando afrontan este mes el desahucio de las casas donde viven: dos son casos de alquileres privados y uno por ocupación de la vivienda de una entidad financiera. Para ellos la PAH de Cádiz (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) pide al Ayuntamiento -también a la Junta de Andalucía- medidas urgentes para contrarrestar la situación. Izquierda Unida (IU) se hacía eco ayer de esta demanda.

Una mujer joven con tres hijos pequeños, uno de pocos meses, que ocupó una vivienda vacía de una entidad bancaria, es uno de los casos a los que hace referencias la PAH. "Se negoció con la entidad un alquiler social y aunque al principio parecían dispuesto finalmente se han negado", detalla Francisco Galván, portavoz de la PAH. La concejala de Política Social e Inclusión, Ana Lorenzo, confirmaba esa negociación, incluso la intervención de un abogado de Cáritas, y la negativa final. Con la amenaza del desahuicio, la familia tendrá que aguantar, a pesar de no tener ni luz, ni agua, mientras se busca una solución a sus problemas, que podría llegar al menos temporalmente al ser la mujer beneficiaria del programa de contratación de inclusión social.

Ganar tiempo busca también la PAH con las otras dos familias con amenazas de lanzamientoen su caso de viviendas alquiladas a particulares. Una es una familia con un hijo menor; y la otra, una mujer con sus tres hijos también menores, que tiene que dejar la casa donde vive, de hecho, este viernes. Su ex marido explicaba a este medio la situación de emergencia al no encontrar una alternativa. "Se tienen que ir del piso y al ir a Servicios Sociales le dicen que están las ayudas al alquiler pero que deben buscar otra casa, y con la pensión no contributiva que tiene y lo que yo les doy nadie quiere alquilarles", lamentaba. A eso se suma que el piso donde están se les quemó en febrero. "Se quemó la entrada y los propietarios se han negado a arreglarlo, y su salud está sufriendo las consecuencias", detallaba.

María Antonia, cuenta su ex marido, esperaba poder irse a un piso de Esisa, que "ella asegura que la concejala le prometió", algo que Ana Lorenzo niega tajantemente. "Ni la Junta ni el Ayuntamiento tenemos viviendas disponibles. Nos hablan de una de la Junta que los vecinos les dicen que allí no vive nadie, que no van a menudo. Pero está ocupada", añade la responsable de Servicios Sociales. La opción efectivamente es que consigan otra vivienda, a la que durante los primeros meses podrían hacer frente a través del programa de emergencia. Si no se encuentra una solución podrían terminar echando mano de la ocupación de alguna vivienda de un banco vacía.

Desde la PAH se pide un esfuerzo para paliar esta situación: "El Ayuntamiento y la Junta tienen que atender a estas familias".