El equipo de Gobierno criticó ayer la ralentización que sufre el proceso administrativo para la colocación de barreras acústicas en la CA-33, en la zona de las barriadas Constitución y Carlos III y el triángulo de Cupimar.

Se trata de unas medidas que el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Carreteras, tenía que haber desarrollado cuando se construyó la variante y que no realizó en su momento. El paso del tiempo ha mostrado los problemas de ruido que padecen los vecinos por la ingente cantidad de vehículos que circulan por esta carretera y, por tanto, la necesidad de acometer las obras de mejora en la zona de manera definitiva. Sin embargo, como denunció ayer el delegado de la Presidencia, Francisco José Romero (PA), los plazos administrativos se están ralentizando en exceso. De ejemplo, sobre los últimos movimientos recordó que desde la licitación de la redacción del proyecto en verano de 2005 hasta la licitación de éste han transcurrido dos años, un periodo marcado, apuntó, por "unos saltos y vacíos de eficacia" excesivos, que han abocado a las barriadas a un situación que calificó como "injusta". "Vaya por delante nuestro compromiso con las barriadas Diputación y Carlos III y el residencial Urbis", destacó. "Nos preocupa que este freno repercuta en el bienestar de los vecinos, que pasa por evitar la contaminación acústica", comentó.

La actuación permitirá colocar en alrededor de un kilómetro y medio de la CA-33 unas pantallas para impedir la difusión del sonido de la circulación de los vehículos hacia las viviendas próximas a uno de los tramos, concretamente, los metros que van desde el punto kilométrico 671,980 y el 673. Se trata del trazado que va desde la antigua salina San Juan Bautista hasta la glorieta General Lobo, en un sentido, y entre la Glorieta al puente Jesús del Gran Poder, en el otro. Una demanda de los ciudadanos a la que se suma la petición de que las barreras también se instalen en todo el recorrido adyacente al Parque del Oeste, que sin embargo no forma parte de la actuación prevista.

"Cuando se ralentiza en demasía una actuación se roza la falta de diligencia y provoca el incumplimiento de los medidas anunciadas", insistió el portavoz del Gobierno local. Y se remontó a 2002 cuando la Gerencia Municipal de Urbanismo dirigió un escrito a la Demarcación de Carreteras en la que reiteraba su solicitud de que se colocara el apantallamiento pertinente para evitar las molestias de los vecinos, una cuestión en la que se insistía desde la finalización de la autovía.

Por eso, exigió a Fomento que ejecute por fin estas obras. "Esperemos que no nos obliguen a llevar el tema a la junta de gobierno local, como el arreglo del firme del puente de la variante", subrayó Romero, quien ya denunció ese otro asunto hace unos días.