San Fernando

AxSí trae a La Isla su propuesta para una Ley Andaluza contra la Pobreza Energética

  • El Grupo Municipal Andalucista defenderá en el pleno esta iniciativa para llevarla al Parlamento

Momento de la entrega en registro de la propuestas de AxSí.

Momento de la entrega en registro de la propuestas de AxSí. / a.z.

El Grupo Municipal Andalucista defenderá ante la Corporación local una propuesta de ley andaluza contra la pobreza energética. La iniciativa de Andalucía por sí (AxSí) pretende llevar al Parlamento esta normativa que impediría a las eléctricas cortar el suministro eléctrico a las familias con dificultades para pagar su recibo. "La legislación permite llevar al Parlamento una proposición de Ley que cuenta con el apoyo de al menos 25 municipios", explicaban tanto Lolo Picardo, secretario de administración de la comisión nacional; como Sara Domínguez, integrante de la misma, ayer en el Centro Andaluz.

"Si se aprueba por los municipios andaluces se podrá llevar al Parlamento, para que se regule", defendía el portavoz del grupo municipal, Fran Romero, que señala la preocupación de los andalucistas por las familias más vulnerables. "No permitiremos que aquellos que no pueden llegar a fin de mes vivan con el temor al corte de la luz en sus hogares. En definitiva, no dejaremos que se atente a la dignidad de estas personas", insistió.

Picardo explicó que un texto similar ya se ha aprobado en el Parlamento de Aragón por unanimidad. En Andalucía, dado que los andalucistas no tienen representación, la forma de llegar al Parlamento es que un mínimo de 25 ayuntamientos se adhiera a la propuesta. "Ya lo hemos presentado en 52 y por ahora lo han aprobado 13", detalló Domínguez. Como apuntó Picardo el objetivo es, dado que ha fracasado el bono social que se puso en marcha en 2013, que no se corte la luz a ninguna familia por impago del recibo. Se beneficiarían aquellos hogares en riesgo de vulnerabilidad cuyos ingresos no superan dos veces el Iprem (índice de medición de recursos) o familias numerosas, víctimas de violencia de género o afectados por una ejecución hipotecaria que no alcancen 2,5 ese indicador.

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