Justicia y seguridad vial

Cárceles sin barrotes

  • Instituciones penitenciarias busca plazas para cumplir condenas por delitos de tráfico con trabajos sociales. Todos los nuevos delincuentes no caben entre rejas

Begoña G. D. es comercial de una cadena de franquicias en la Costa del Sol. Tiene 44 años y un historial impoluto como conductora en los últimos 22 años. Hasta hace un mes. Unas copas de más le han costado 1.800 euros, 6 puntos del carné de conducir y 31 días de trabajo sin sueldo a razón de cuatro horas diarias. Aunque la mujer de la foto no lo parezca, está cumpliendo una condena, pero no ha pisado la cárcel. Los barrotes imaginarios se sitúan en la puerta de la sede de la Cruz Roja en Marbella, donde pasa dos jornadas completas a la semana introduciendo datos en el ordenador. “Al menos no estoy barriendo o recogiendo la basura en las calles”, comenta María Begoña a quien la reforma del Código Penal del pasado mes de diciembre la ha convertido en una delincuente en sentido estricto.

La infracción que cometió está tipificada como delito y pudo eludir la cárcel porque el juez le permitió sustituir su condena entre rejas por un trabajo en beneficio de la comunidad. Ella es una de las 8.000 personas que han pasado a disposición judicial desde el pasado diciembre por conducir tras haber bebido alcohol, circular a velocidad excesiva o sin carné de conducir. Y su condena es una de las pocas que se han ejecutado porque existen pocas alternativas sociales para cumplir las penas de este modo. De hecho, Instituciones Penitenciarias busca ahora acuerdos con asociaciones de víctimas de accidentes de carretera y otras entidades para ampliar estos recursos, pues la reforma penal que endurece las penas por infracciones de tráfico ha multiplicado el número de condenas, según los datos de los fiscales coordinadores de Seguridad Vial.

Cruz Roja Española es una de las entidades que recibe a estos reos, a los que denomina usuarios. Sólo en Málaga se reciben al mes una media de siete personas, aunque no todos son por delitos de seguridad vial, también juicios de faltas. La ley les castiga, les hace sentir delincuentes y luego les da la oportunidad de pagar por su delito y resarcir el daño ocasionado a la sociedad. A la comercial marbellí se le cayó el mundo encima cuando recibió la citación para acudir al juicio rápido. Se las ingenió para no tener que sentarse en el banquillo y logró un acuerdo que triplicó el montante de la multa que en un principio le había puesto la Policía Local que la detuvo en el control de alcoholemia y no tuvo otro remedio que resignarse a pasar 8 meses presa sin poder ponerse al volante. Las consecuencias son económicas y afectan a su vida laboral y personal, pues nunca se imaginó que algo así le podría pasar. “Y me espera un verano sin un solo día de descanso”, lamenta.

No obstante, cualquier condenado cambiaría su paso por la cárcel por la jornada en una oficina de una ONG, repartiendo comida en el Banco de Alimentos o haciendo trabajos sociales en un ayuntamiento. El problema es que no hay sitio para todos. Por ejemplo, en Sevilla las plazas no superan las 200 y las estadísticas judiciales apuntan que a final de año se habrán firmado unas 2.500 sentencias por delitos contra la seguridad vial, el doble que en 2007.

Algunas entidades, como es el caso de Cruz Roja, suscribieron el acuerdo con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias hace dos años, antes de la reforma que afecta a materia de tráfico. El acuerdo establece que se abonará al penado los gastos de transporte o manuntención, cuando la actividad lo requiera, y se cotizará a la Seguridad Social por dicha prestación. A cambio, el Gobierno gestionará, coordinará y hará un seguimiento de la pena a través de contactos con los técnicos del proyecto donde participe el penado, que no cobrará.

El catálogo de actividades que oferta la Cruz Roja recoge puestos variados: desde labores administrativas en programa Red Inter-labor@ o el Centro de Inmigrantes, hasta el transporte adaptado para discapacitados psíquicos y físicos y personas mayores y atención a enfermos de Alzheimer. En estas entidades no se pregunta qué tipo de delito han cometido los condenados, pero los de tráfico no son los únicos.

Alfredo tiene 38 años y acaba de terminar su prestación en la Cruz Roja de Málaga tras ser condenado por un delito de atentado contra la autoridad del que se declara inocente. “Estaba en el mercadillo de La Rosaleda y unos agentes requisaron la mercancía a un señor de color; yo les dije que no se lo quitaran, que era lo único que tenía para comer y ahí empezó todo”, relata. Un cruce de reproches entre policías locales y el acusado sobre agresiones y amenazas. Al final, 72 horas en el calabozo, 240 euros de multa y 20 días de trabajo en beneficio de la comunidad. “Me pedían 6 meses de prisión y 50 euros por cada una de las ocho jornadas que el agente estuvo de baja”, explica satisfecho sólo por haber tenido la oportunidad de conocer a un grupo de personas dispuestas a ayudarle a encontrar de nuevo trabajo. Algo es algo, porque ahora está parado y vive de prestado en la casa de un cura.

Tras la prestación, suele cambiar el chip de los penados. De hecho, esta modalidad de cumplimiento de penas busca potenciar el papel reeducador de la Justicia. “El después de la sentencia debe buscar el arrepentimiento del culpable para poder conseguir su reinserción”, comenta desde Almería Diego Gutiérrez, delegado andaluz de la asociación de familiares de víctimas Stop Accidentes.

Ellos apuestan por educar y reeducar, pero tienen claro que cada caso es un mundo. Por eso no siempre están de acuerdo con que Instituciones Penitenciarias deje elegir a la carta el tipo de condena a cualquier condenado. “A los asesinos de la carretera, no, porque a los muertos tampoco le dejaron elegir”, opina María Ángeles Villafranca, delegada de Stop Accidentes en Granada.

Los familiares de los fallecidos quieren que las condenas sean verdaderos escarmientos. Con los menores funciona. María Ángeles Villafranca respira aliviada cuando los menores que acuden a los talleres de Stop Accidentes enviados por el juez Emilio Catalatayud de Granada le dicen que no permitirán que sus amigos circule sin casco en la moto. Los adultos, como Begoña, están satisfechos por haber podido cumplir su condena con un horario flexible y personalizado y ninguno se olvidará del día que se convirtieron en delincuentes en toda regla. Una mancha en su expediente se encargará de recordárselo.

Etiquetas

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios