La comisión que está tratando el proceso de reapertura del Complejo Municipal de Piscinas volvió a reunirse el pasado jueves para seguir ahondando en el pliego técnico, que recoge el estado actual del complejo, y en el pliego administrativo, que incluye el coste de la reapertura que deberá asumir la concesionaria que se haga con el contrato, además de otras obligaciones para la prestación del servicio.

La puesta en funcionamiento de las piscinas municipales se hace cada vez más complicada y ya acumulan tres años cerradas a cal y canto. A los muchos problemas que acompañan a esta instalación desde que dio el cerrojazo a principios de 2015, se van sumando los continuos actos vandálicos que está sufriendo. Los destrozos y robos de los que es objeto encarecen los costes de la puesta a punto y obligan, además, a que los pliegos con los que se trabaja se tengan que modificar constantemente. "Este lunes volvimos a detectar un nuevo ataque al complejo que se tradujo en el robo de una bomba de agua de la sala de máquinas y en destrozos en el sistema eléctrico y otras zonas de la instalación", explicó a este periódico el concejal de Deportes, Juan Antonio Pontones. Sólo los destrozos ocasionados a principios de esta semana engordan la cifra para su puesta a punto en 70.000 euros más.

Pese a que gran parte del complejo está tapiado y se colocaron cámaras de seguridad, de poco ha servido. El Ayuntamiento no ha logrado acabar con el vandalismo en las instalaciones que, además del daño, podría acarrear consecuencias mucho más graves para quienes acceden al complejo, caso de producirse un accidente.

"En condiciones normales, todo debería estar listo en unos tres meses, pero viendo la situación actual no podemos garantizarlo. El objetivo es que antes del verano se haya licitado el complejo completo, incluidas las instalaciones de verano que también han sufrido ataques por parte de los vándalos", adelanta Pontones.

La apertura dependerá, no sólo de que no se produzcan más daños, sino de que lleguen empresas interesadas en hacerse con el contrato que, de entrada, supondrá una inversión que con total probabilidad superará los 400.000 euros. "Es sólo una estimación porque aún no se ha concretado del todo. Cada vez que se produce un daño, el perito tiene que volver a valorarlo", explica.

Respecto a la entidad que se haga con el contrato, el equipo de gobierno ya ha dicho en repetidas ocasiones que su pretensión es que sea una empresa de economía social o una cooperativa como la que ya gestionó meses atrás la piscina de verano, formada por antiguos trabajadores del complejo y que recibió las felicitaciones del equipo de gobierno por la gestión desarrollada.

En unos días se cumplirá un año desde que el Ayuntamiento de Puerto Real volviese a recuperar la instalación tras dos años de litigio con la anterior concesionaria, la UTE Activa-T Wellness, que llegó a las instalaciones a finales de enero del 2014.