La directora general de Personas Mayores de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, María José Castro Nieto, no ocultó las dificultades iniciales a las que ha tenido que hacer frente la Junta de Andalucía durante los primeros meses de aplicación de la Ley de Dependencia. Eso sí, recordó que la comunidad andaluza fue una de las pioneras en su puesta en marcha y destacó un progresivo acortamiento en el plazo de respuesta ante las solicitudes.

"Lógicamente hemos tenido dificultades. Estamos hablando de una Ley de una envergadura brutal, que afecta a un porcentaje de población muy alto", dijo. A pesar de la "avalancha de solicitudes" recibidas, Castro aseguró que en la actualidad la respuesta ante estas peticiones se están produciendo dentro de los plazos establecidos, es decir, en un periodo no superior a seis meses desde que se tramita la solicitud ante los Servicios Sociales Comunitarios. Según indicó, "en estos momentos estamos valorando aproximadamente las solicitudes que entraron en el mes de febrero, con lo cual estamos dentro de los plazos".

En este sentido, la directora general recordó el dato de que Andalucía supone casi el 80% de toda la dependencia en España para destacar que "en nuestra comunidad estamos haciendo un esfuerzo importantísimo". "Teníamos un año para desarrollar la Ley, pero decidimos ponerla en marcha justo el día después de su entrada en vigor", manifestó.

En su opinión, esta posición a la vanguardia de la Ley de Dependencia ha conllevado una serie de dificultades "porque hemos ido desarrollando la normativa a la vez que la hemos ido aplicando, reconduciendo muchos de los temas. Pero hoy estamos casi al día".

Aunque reconoció que "no estamos satisfechos, porque todavía hay muchas personas pendientes de recibir recursos", María José Castro señaló que "la Junta de Andalucía se lo ha tomado muy en serio, porque hemos entendido que era una necesidad real de los ciudadanos, y de ahí que hayamos recibido ya más de 130.000 solicitudes".

Para la directora general de Personas Mayores, la apuesta andaluza por la Ley de Dependencia se refleja sobre todo en la inversión programada para este año, que incluye un gasto inicial de 280 millones de euros, que pueden ser ampliables según las necesidades detectadas.

En este capítulo también informó que son más de mil las personas que se han contratado específicamente para la entrada en funcionamiento de la Ley, además de convenios con los Ayuntamientos dotándolos de recursos materiales, la contratación de trabajadores sociales y administrativos, así como la aprobación de "partidas económicas importantes cada seis meses adelantándoles el dinero a los Ayuntamientos para que pueda prestar la ayuda a domicilio".

La directora general manifestó que hasta el año 2015 "veremos todo un abanico de realidades y necesidades, y conforme vayamos avanzando en ellas se destinarán los recursos adecuados".