Los trabajadores de Navantia muestran su respaldo al 'Grupo de los 10'

  • "A veces la lucha es el único que nos dejan", declaran desde el comité de empresa de la factoría de Puerto Real

El comité de empresa de Navantia Puerto Real ha remitido esta mañana a los medios un escrito mostrando su respaldo y "apoyo incondicional" a los 10 jóvenes de Puerto Real que en diciembre de 2013 fueron detenidos por su presunta participación en los altercados ocurridos en el puente José León de Carranza, durante una concentración de los trabajadores de Navantia, cuyo juicio tendrá lugar este lunes que viene.

En el escrito de apoyo, los representantes de los trabajadores de la factoría puertorrealeña insisten en que hay que contextualizar los acontecimientos en "el contexto de las movilizaciones que se produjeron en astilleros para pedir trabajo y un futuro digno para la Bahía de Cádiz". A esto le suman que "no podemos obviar la situación de frustración y desesperanza en la que estaban inmersas todas las personas que vivimos del sector naval en nuestra comarca después de años sin carga de trabajo".

Desde el comité de empresa de Navantia-Puerto Real lamentan que los poderes públicos "muchas veces desoyen las reivindicaciones de los trabajadores" y "la lucha es el único camino que nos dejan, y estos compañeros eran parte de ella".

Los firmantes del escrito destacan que gracias a estas movilizaciones "hay en nuestros astilleros cuatro petroleros Suezmax, y 3.000 trabajadores de nuestra comarca están trabajando y creando riqueza para nuestra Bahía".

El comité portavoz de los trabajadores de la factoría naval de Puerto Real insisten en que "decididamente, todos somos los 10", en clara alusión a la denominación que ha recibido este grupo de manifestantes que este lunes se sentarán ante el juez.

El Ministerio Fiscal solicitará dos años y nueve meses de cárcel para cada uno de los integrantes del conocido como Grupo de los 10. En concreto, una pena de un año y seis meses de prisión por un delito de desórdenes públicos, y un año y tres meses más por los daños ocasionados en el mobiliario urbano. También pide, para cada uno de ellos, una multa a razón de seis euros diarios durante 18 meses, lo que supondría 3.240 euros, y una indemnización solidaria colectiva de 1.874 euros.

De aceptarse en el juicio la petición del fiscal, los acusados deberían entrar en prisión, descontándoseles a ocho de ellos los 14 días que ya pasaron en Puerto II en diciembre de 2013.

La acusación ha basado su petición en una serie de pruebas gráficas que vinculan a los diez jóvenes (que en ese momento tenían entre 24 y 30 años) con los destrozos que se produjeron hace casi cuatro años, algo que desde la defensa se considera que "carece de sentido". Entiende además la defensa que las pruebas que se obtuvieron fueron sacadas, principalmente, de los teléfonos móviles de los detenidos, "sin su consentimiento y sin orden judicial que lo autorizara". Serían, por tanto, a juicio de la defensa, "contrarias al derecho de defensa y a la propia Constitución", como ya han repetido los abogados de los diez en más de una ocasión.

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