La regularización de viviendas, cuyo proceso se inició oficialmente ayer con la apertura al público de la Oficina de Regularización de las Áreas de Gestión Básica, repercutirá indirectamente en gran parte de la ciudad, constituyendo un beneficio para los residentes en las zonas no contempladas para esta actuación y que en la actualidad se encuentran ya urbanizadas.

En este sentido, el objetivo del Plan Director de Infraestructuras, que será el que determine las actuaciones a llevar a cabo, es "conseguir una ciudad cohesionada, que a partir de la solución de problemas puntuales logre beneficiar al conjunto de los chiclaneros".

Según el resumen técnico efectuado por la propia Oficina de Regularización, el Plan Director de Infraestructuras se ha basado, en gran medida, en la búsqueda de soluciones para subsanar las deficiencias detectadas en las infraestructuras del ciclo del agua, de la energía, de las telecomunicaciones, del viario y del tratamiento de residuos urbanos, al margen de las propias de cada zona.

En lo que al agua se refiere, el PDI entiende que "es un indicador clave para valorar el estado de una ciudad y, en Chiclana, no todos los ciudadanos tienen acceso a este servicio en términos de calidad. Por ello, se ha planteado el sellado definitivo de la red de suministros, con la creación de un anillo de distribución del agua que acabará con problemas tan habituales como la falta de presión o la toma directa del agua en la red central".

Para ello, el PDI contempla la construcción de 58.600 metros de nuevas conducciones y tres nuevos depósitos, además de la posibilidad de utilizar infraestructuras supramunicipales para no saturar las redes locales, especialmente durante la época estival.

En materia de vertidos, el objetivo es reutilizar todas las aguas residuales, para lo que será necesario ampliar los colectores generales de fecales y pluviales, crear siete nuevas estaciones de bombeo y ampliar las depuradoras existentes. Además, también se contempla crear 15 nuevos depósitos para riegos de grandes parques y nueve tanques de tormentas que evitarán que las primeras aguas de lluvia, las más contaminadas, viertan directamente en los cauces públicos.

En lo que a energía se refiere, el borrador del PDI diferencia entre la red eléctrica y el gas natural. En el primer caso, advierte que está "al borde de la saturación en las AGB", por lo que ha sido necesario "buscar nuevas conexiones que garanticen el suministro a toda la población, especialmente en temporada alta".

Para ello se van a crear tres nuevas subestaciones, que se ubicarán en La Pedrera, El Marquesado y en Pinares. Se completarán, además, con líneas subterráneas de alimentación y con la ampliación de la red principal de media tensión. Ello permitirá, además, la instalación de alumbrado público de calidad en todos los viales de las AGB.

La Oficina de Regularización también ha previsto la instalación del gas natural al considerar que el mismo es "uno de los combustibles de mayor eficiencia energética". En total se han previsto casi 57 kilómetros de nuevas redes principales.

Las anteriores infraestructuras forman parte de los servicios que se consideran básicos e imprescindibles por parte de la Oficina de Regularización. Sin embargo, también se contempla en el borrador del PDI la implantación de un servicio de comunicaciones "óptimo y de bajo coste". Para ello, Telefónica y ONO compartirán 40,6 kilómetros de red.

De igual modo, el PDI también prevé la reurbanización o construcción de un nuevo viario principal y otro secundario para "fomentar el respeto y la convivencia de peatones y ciclistas".

La recogida de residuos también será modificada, atendiendo a la densidad de población de cada zona.

Todo lo anterior supondrá unos costes estimados de 450 millones, según las previsiones de Manuel Ángel González Fustegueras, el máximo responsable de Territorio y Ciudad, la empresa adjudicataria de la Oficina de Regularización de las Áreas de Gestión Básica.

Para determinar el costo de esta macrourbanización de la ciudad, la Oficina de Regularización ha realizado unos cálculos aproximados para cada una de las nueve Áreas de Gestión Básica. No obstante, a estas cantidades habrá que sumar posteriormente el importe que supondrá la legalización de cada vivienda, que se hace de forma independiente.