"No todos los registradores actúan con el mismo celo, los filtros son muy laxos"

  • Núñez pide cambios legales para erradicar el fraude en casos de obra nueva y cree necesario poner orden "en el crecimiento descontrolado de los campos de golf" con un POTA al final venido a menos

Se define a sí mismo "fiscal accidental" como el turista de la famosa novela de Anne Tyler. Ángel Núñez (Sevilla, 1965), recriado en Cádiz y licenciado en Derecho en Jerez, confiesa que lo de ser fiscal no le viene por vocación. Al acabar la carrera, optó por preparar las oposiciones, lo que hizo con Juan del Río, padre del hoy presidente de la Audiencia, Lorenzo del Río. "Fue después cuando descubrí que me gustaba". Casado con otra fiscal, la de Antidroga de Cádiz Ana Villagómez ("hay mucha endogamia en esta carrera", dice divertido) se apresura a dejar claro que procura dejar los asuntos de su trabajo "fuera de casa". Está desde 1991 en la Fiscalía de Cádiz. En el 93 comenzó a llevar medio ambiente, compaginándolo con la intervención ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo hasta 2006. A partir de entonces, se hizo cargo en exclusiva de Medio Ambiente y Urbanismo. Sus memorias han sido muy elogiadas por el fiscal general del Estado y ya le ha llegado el premio: acaba de ser nombrado fiscal coordinador en Andalucía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo. Por sus manos pasan muchos asuntos de enjundia, como el expolio del Odissey y la masacre de animales en la perrera de Puerto Real. Aunque el urbanismo ilícito es con mucho el que más trabajo le da: sobre su mesa se amontonan los papeles.

-Usted es pionero en lograr sentencias de derribo de construcciones ilegales. En 2006 hubo 5 sentencias, en 2007 31. ¿Pero caer caer, ha caído ya algo?

-Hace menos de un mes caía la primera (en Tarifa). Pero los plazos se dilatan mucho. Aunque la resolución sea firme, se pueden plantear muchos incidentes. También había problemas con quién materializa la ejecución. En la red de fiscales de Andalucía estamos tratando de unificar esos criterios. Este 2008 la cifra se va superar con mucho, pero es un terreno a explorar. Hay que hacerlo conforme a derecho, aprobar un proyecto de demolición, garantizar seguridad e higiene en el trabajo, ... todo lo que no ha hecho el condenado, que es el que debe acometer el derribo. Y los jueces están dando plazos generosos.

-Usted es muy crítico con el papel de los ayuntamientos, a los que acusa de dejación palmaria para frenar el urbanismo ilegal. ¿Está a favor de que se les despoje de las competencias si no actúan?

-Los ayuntamientos son las instituciones naturales para controlar la ordenación de su territorio. Lo que hay que hacer es reforzar los mecanismos de control de esas competencias, y establecer penas por la prevaricación permisiva. Deben tipificarse las consecuencias penales en los casos de dejación dolosa, cuando no se haya actuado porque no se ha querido, porque no quieran asumir el coste electoral de actuar contra el urbanismo ilegal. No tenemos medios para una investigación a gran escala, pero en casos concretos sí estamos investigando.

-¿Hay en la actualidad muchos políticos de Cádiz implicados?

-Se han formulado denuncias contra el ex edil de Urbanismo de El Puerto ( Juan Carlos Rodríguez, de Independientes Portuenses, por legalizaciones) y está pendiente de juicio la ex alcaldesa de Chipiona, Dolores Reyes (del PSOE, por dar licencia para una nave industrial en suelo no urbanizable).

-En Cádiz proliferan los casos de obra nueva, los certificados falsos de antigüedad de inmuebles nuevos o inexistentes construidos luego con hipotecas conseguidas tras la inscripción en el Registro y visados en Notaria, con los casos de Chiclana y El Puerto en la punta del iceberg. ¿Tantos profesionales actúan al margen de la Ley?

-No, suelen ser los mismos. Yo creo que en la provincia hay sólo cinco o seis implicados. Y los casos de Chiclana y El Puerto han servido para que se disparen las alarmas y haya más cautela para visar esos documentos.

-En Chiclana, en la trama de Obra Nueva, la cifra de imputados ya va por 39. Pero no hay notarios ni registradores, puntal importante en estas actividades.

-No hemos detectado que hayan actuado al margen de la legalidad. Pero es preciso que se acometan reformas legales hipotecarias, para evitar estas cosas.

-El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Criminología, José Luis Díaz Ripollés, en El País, dijo que el fraude no sería posibles sin la tolerancia de notarios y registradores. ¿Comparte esa opinión?

-No me atrevería a hablar de tolerancia de los registradores. Son demasiado laxos los filtros. En relación con las parcelaciones, hay registradores más proclives a ello. La regulación legal es defectuosa, el reglamento necesita ser mejorado.

-En El Puerto se han inscrito 19 viviendas en un solar baldío.

- No todos los registradores actúan con el mismo celo. Hay al que es difícil colarle algo, y al que no. Pero los dos actúan dentro de la legalidad, y unos son más eficaces a partir de las facultades que la ley les otorga. El problema no es de los registradores, sino de la ley.

-¿Y qué me dice de los notarios?. ¿Es legal aceptar divisiones horizontales y hasta verticales en proindivisos?

-Los notarios hacen una advertencia y otorgan la escritura. Eso es lo que la ley les marca. No está prohibido hacer divisiones con proindivisos, aunque es cierto que es un signo revelador de que se van a hacer parcelaciones y hay obligación de notificar a la administración. La red de fiscales de Andalucía ha mantenido reuniones con notarios y registradores. Se ha avanzado algo, pero queda mucho por hacer.

-Usted está en contra de las regularizaciones de viviendas ilegales

-Es que nos cuestionamos si son eficaces, si dan resultados. Nos hemos encontrado con casos como Chiclana, Puerto Real y El Puerto donde las regularizaciones impulsan que sigan las construcciones al margen del planeamiento. Además no es justo que los gastos de regularización los tengamos que sufragar los que hemos construido dentro de la ley. Porque los diseminados se constituyen en grupos de presión y al final deben pagar todos. Es evidente que no se pueden tirar 30.000 viviendas. Pero la regularización debe ir acompañada de medidas para atajar nuevas construcciones. Si no, se seguirá generando el clima de impunidad.

-Muchos promotores y ayuntamientos pequeños andaban temerosos con el POTA (Plan de Ordenación del Territorio Andaluz), al creer que frenaría los macro proyectos que se gestaban, y al final ha dejado la puerta abierta

-El POTA empezó con un planteamiento absolutamente correcto que se ha ido deshaciendo. Es un avance pero no como inicialmente se apuntaba con el primer texto.

-¿Qué le parecen los proyectos de campos de golf que hay en Cádiz?

-En demasiadas ocasiones los campos son una mera excusa para grandes urbanizaciones. Parece que un pueblo sin golf no sea nada. Es absolutamente necesario poner cierto orden, porque hasta ahora no parece que se haya puesto. Hay instrumentos legales como para poner orden en ese crecimiento descontrolado de los campos. Algo se ha avanzando pero no se ha impuesto la disciplina.

-¿Qué es lo que hace falta para poder poner coto por fin al descontrol urbanístico no ya en Cádiz, sino en toda Andalucía?

-Hacen falta reformas legales que garanticen que los ayuntamientos ejerzan sus competencias, y que establezcan consecuencias penales en caso contrario. Y hacen falta más medios humanos. Las Fuerzas de Seguridad están desbordadas, con un gran volumen de trabajo. Y también es necesario contar con instituciones periciales independientes. No tenemos por ejemplo arquitectos imparciales. Los fiscales de medio ambiente además reclamamos la reforma del Código Penal para que la demolición no sea una opción sino una obligación. No se puede seguir permitiendo al delincuente que patrimonialice los efectos del delito.

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