Las protestas logran abrir de nuevo la verja de los juzgados

  • Abogados y procuradores suspendieron la movilización, aunque el cierre podría repetirse

La movilización anunciada el día anterior por los abogados y procuradores que acuden a diario a los juzgados del polígono Las Salinas finalmente no se llevó a efecto en la mañana de ayer, ya que tras la intervención de instituciones como la Delegación de Justicia y el Decanato de Jueces, se logró evitar el cierre de la verja de las instalaciones que desde el día anterior impedía el acceso a la zona de aparcamientos del interior del recinto. La decisión de cierre, que permitía únicamente el acceso a los funcionarios de la administración de Justicia acreditados, así como de la Guardia Civil, mediante una serie de tarjetas credenciales, se había tomado hace ya algunos días en el seno de una reunión de la comunidad de propietarios de las instalaciones, que son el consorcio de la Zona Franca de Cádiz, la Cámara de Comercio de Cádiz y un tercer propietario particular. Según informaron ayer desde la Zona Franca -a la que Ayuntamiento y colectivos de profesionales achacaban el cierre de la verja- ellos no cuentan con la mayoría en la comunidad de propietarios y cuando se abordó el asunto del cierre de paso a los particulares, el representante del Consorcio se abstuvo en la votación e hizo constar por escrito que consideraba que la medida tendría perjuicios sociales. Aún así se aplicó el cierre el pasado miércoles, con un gran caos para todos los usuarios del edificio. Según señaló ayer el representante de los abogados en El Puerto, José Antonio Burgueño, desde el Decanato de Jueces se informó a la Delegación Provincial de Justicia de la situación -el día anterior se impidió el paso incluso a vehículos en los que acudían al juzgado personas impedidas- y se pidió su mediación para mantener la valla abierta, cosa que se consiguió y la puerta permaneció sin cerrar en el día de ayer, por lo que abogados y procuradores desconvocaron su movilización. No obstante, según ha podido saber este periódico, la intención de la propiedad pasa por seguir adelante con el cierre a partir de la semana próxima.

José Antonio Burgueño señalaba ayer que la Junta, como inquilina de las instalaciones, no puede permitir que se impongan este tipo de condiciones en un edificio que es de uso público, máxime teniendo en cuenta las dificultades que se encuentran para aparcar en el exterior del recinto. "Bastante mal lo hemos pasado ya con el traslado a un polígono como para que ahora encima nos pongan más dificultades", dijo. El representante de los abogados ya ha anunciado que en caso de un nuevo cierre habrá movilizaciones a las puertas de los juzgados.

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