La investigación sobre la presunta malversación de fondos en el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, que está llevando a cabo la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, amenaza con convertirse en un escándalo de dimensiones considerables. Este diario ha tenido conocimiento de que son 14 las personas implicadas en una trama que, presuntamente, habría malversado hasta ocho millones de euros de dinero público. Entre otros posibles delitos, la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción trata de dictaminar ahora si el seguro contratado por el Consorcio de Bomberos para que sus miembros puedan prejubilarse a la edad de 60 años pero seguir percibiendo la totalidad de sus nóminas hasta los 65, cumple con la legalidad.

De esos 14 implicados, 10 han pertenecido en su día al Consorcio de Bomberos. Ocho de ellos han declarado ya ante la Policía en calidad de detenidos, y otros dos lo han hecho como investigados. Las ramificaciones de la presunta trama son varias, tanto es así que los otro cuatro implicados pertenecen a una empresa denominada Formatekno y afincada en Madrid que se dedica a la consultoría y la formación. Tres de estos cuatro han declarado en la capital de España como detenidos, mientras que un cuarto lo ha hecho como investigado.

Una vez que todos ellos han prestado declaración han sido puestos a disposición judicial con cargos, si bien todos permanecen en libertad. Los delitos de los que se les acusa son prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y nombramiento ilegal.

Cabe recordar que fue en mayo de 2013 cuando el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) presentó la denuncia en Fiscalía que destapó lo que los sindicalistas consideraron entonces "una presunta estafa".

Al seguro denunciado por el SBC, y que están investigando ahora la UDEF y el fiscal, con el apoyo de la titular del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz, se le conoce como plan de previsión social, y básicamente garantizaba a los bomberos y altos cargos directivos del consorcio una renta salarial creciente hasta su 65 cumpleaños. Lo que la Policía trata de averiguar es cuánto costó esa póliza. Se habla de 2,4 millones de euros, pero fuentes del CSIF aseguraron días atrás a este diario que podrían ser hasta ocho millones de euros de dinero público los utilizados para pagar primas de prejubilación a altos cargos del consorcio.

Los presidentes del consorcio no se beneficiarían de esta póliza, aunque sí gerentes y otros altos directivos. Los dos últimos presidentes del consorcio, el actual, Francisco Vaca, y el anterior Fernando García Navarro, se habrían encontrado con el pastel cuando llegaron a su cargo y no parece que tengan vinculación alguna con los hechos que ahora se investigan y que pronto estarán en manos de la justicia.