A lo largo del pasado 2017, la provincia de Cádiz fue la única de Andalucía en la que todos sus municipios, los 44, elevaron alguna consulta a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. Así se desprende del informe anual de este organismo publicado recientemente, y el que se resalta este aspecto. Sólo Sevilla se acerca a Cádiz: presentaron alguna consulta al Defensor 93 de los 105 municipios sevillanos.

El informe (de más de 600 páginas) ofrece con detalle la mayoría de las actuaciones en las que se solicitó la intervención del Defensor del Pueblo andaluz. Con respecto a Cádiz, dicho documento expresa que el 54% de las intervenciones de esta oficina el año pasado tuvieron que ver con políticas sociales (el tercer porcentaje más alto de Andalucía, después de Córdoba y Sevilla, ambas con un 56%). Dentro de este apartado, aquellos asuntos relacionados con los servicios sociales fueron los que más peticiones de atención enviaron a la Oficina de Maeztu, con un 29%. En segundo lugar, quejas o consultas sobre educación, con un 27%; o los de empleo, con un 18% del total.

266Quejas en educación. De todas las quejas de la provincia, las educativas ocuparon el primer lugar120Quejas desde Jerez. Fue la localidad gaditana con más solicitudes al Defensor del Pueblo

El segundo campo en el que los gaditanos más pidieron ayuda al Defensor fue el de políticas territoriales, con un 16% del total. Aquí, la mayoría de asuntos tuvo que ver con medio ambiente (41%) y urbanismo (25%). En tercer lugar, la Oficina atendió temas vinculados a la justicia, con un 14% del total (el 62% de ellas relacionadas estrictamente con la administración de justicia y un 31% con prisiones). En cuarto lugar, las quejas y consultas de los municipios de la provincia estuvieron dirigidas a las administraciones públicas, tributarias y ordenación económica. Por último, con un 5%, asuntos sobre los servicios de interés general y consumo.

Según los datos reflejados en este informe, durante el pasado año salieron de la provincia de Cádiz 1.342 quejas que fueron gestionadas por la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, la segunda de toda la comunidad autónoma por detrás de Sevilla. De ellas, según el informe, los asuntos relacionados con la educación fueron los que más actuaciones requirieron, con 266 (el 19,8% del total). La segunda posición, a distancia, la ocupó el medio ambiente, con 118. Consumo y menores tuvieron cada uno 88 quejas llegadas desde la provincia. Llama la atención que las peticiones de actuación a la Oficina en materia educativa llegadas desde Cádiz fueron las más numerosas el año pasado de toda Andalucía.

El informe del Defensor da cuenta de las quejas iniciadas en los distintos municipios a lo largo del pasado año. En este caso, al ser quejas, no están todas las poblaciones gaditanas como sí ocurría con las consultas. Aún así, fueron 37 las localidades desde las que se solicitaron actuaciones. Jerez, con 120 quejas iniciadas; El Puerto, con 101; y Algeciras, con 96, fueron las localidades con mayor número de trámites. La capital gaditana ocupó el cuarto lugar, con 88.

Por último, el documento recoge las "entidades de primer orden" a quienes fueron dirigidas esas quejas. En el caso de la provincia, fue la alcaldesa de Jerez (no su ayuntamiento), la socialista Mamen Sánchez, la que ocupó el primer lugar con 34 quejas. A continuación, el alcalde de Cádiz, José María González (Podemos), con 26 quejas; o la Diputación de Cádiz, en tercer lugar, con 22 quejas. Cerca de esta cifra se queda el alcalde de Chiclana, José María Román, con 20.

Como institución, el ayuntamiento que más quejas recibió el año pasado fue el Ayuntamiento de El Puerto, con 13. En este punto, hay que aclarar que, según el informe del Defensor, sólo hubo quejas dirigidas a cinco ayuntamientos gaditanos el año pasado: además, de El Puerto, los de Sanlúcar y Villamartín (ambos con seis); Arcos (con cuatro); y el de Ubrique con una). Por último, al rector de la Universidad de Cádiz fueron dirigidas cinco quejas.

Como conclusión general, el Defensor del Pueblo andaluz asegura en su informe que "la crisis económica sigue presente en la vida de miles de familias andaluzas. Al cumplirse una década de su impacto, las familias tienen la impresión de que la recuperación de los datos económicos no se acompasa a su situación. Dicho de otro modo, parece que hemos salido de la crisis si se miran los grandes números y las normas que enfatizan la recuperación de algunos derechos, pero no desde el punto de vista de los niveles de vida reales, ni los de empleo de calidad. No hemos vuelto al punto de partida, y en este trayecto tenemos que reflexionar sobre dos consecuencias capitales: la irreversibilidad de algunos derechos a los que hemos renunciado, quizá para siempre, y qué modelo de sociedad hemos heredado de esta crisis, con unos niveles de desigualdad que no sólo no disminuyen, sino que han crecido".