Son todos los que están, pero no están todos los que son. Mes a mes, el antiguo Inem, hoy Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), actualiza las estadísticas del desempleo siguiendo un sistema de contabilización que cambió por última vez en febrero de 2008 cuando Jesús Caldera estaba al frente del Ministerio de Trabajo. En el recuento correspondiente a diciembre, conocido la semana pasada, la provincia contaba con 168.027 parados.

La cifra impresiona por sí sola, pero es aún mayor el agujero laboral si se compara con el volumen de afiliados a la Seguridad Social en la misma fecha: algo más de 358.000. Es decir, por cada dos trabajadores activos y ocupados (ya sean asalariados o por cuenta propia) hay uno desempleado, una proporción difícilmente sostenible para las arcas de la Tesorería, que se nutren de las cotizaciones de los ocupados y sostienen con ellas el régimen de prestaciones a los parados.

Esta es la radiografía laboral plana que difunde periódicamente la Administración laboral. Los que suman y los que restan. Pero la realidad es más compleja. Entre ambos colectivos, hay un limbo, una especie de cajón de sastre donde tienen cabida otros seis grupos, que, junto con el de los parados, constituyen los demandantes reales de empleo, la población que está apuntada al paro. En total, en la provincia había al término del año pasado 233.515 personas inscritas en las oficinas del SAE. La diferencia es abismal: 65.488, casi un 40% más sobre el censo total de desocupados.

Este importante segmento pasa desapercibido en el balance principal que se difunde a principios de cada mes, pero sí aparece en las estadísticas detalladas que se realizan en días posteriores. En él se incluyen seis tipos de perfiles: los ocupados, es decir, gente empleada pero que busca mejorar su situación laboral con un trabajo nuevo o complementario; los demandantes de empleos específicos (teletrabajo o en un lugar distinto al de su residencia…); con disponibilidad limitada (perceptores de algún tipo de pensión o jubilados/prejubilados); con relación laboral (aquellos procedentes de expedientes de regulación, fijos discontinuos o personas en trabajos de colaboración social), los eventuales agrarios subsidiados y los llamados "Demandantes No Ocupados" (DENOS), donde se incluyen las personas que solicitan un empleo a tiempo parcial (de menos de 20 horas semanales), los estudiantes y los que están en "servicios previos al empleo", es decir, en itinerarios de inserción con formación.

Todos ellos, salvo los ocupados, carecen de trabajo, pero no aparecen como parados porque tienen una condición especial o porque buscan un empleo de unas características concretas. Por ejemplo, una madre que pretenda trabajar medio día, un joven parado que ha optado por seguir cursando algún tipo de estudio porque no encuentra una salida laboral, un campesino que quiere complementar su actividad estacional o un trabajador afectado por un ERE, con los muchos que son en los últimos meses. Todos ellos están excluidos de las estadísticas de parados y, según la última contabilización existente correspondiente a noviembre, eran casi 40.400 (los ocupados eran 26.429 y los parados 164.898). Es decir, si añadiéramos esta cuenta paralela, la provincia estaría por encima de los 205.000 desempleados. Sin embargo, Empleo los diferencia, no son parados a efectos oficiales, pese a que la mayoría no tiene un puesto de trabajo en el sentido estricto de la palabra, sino que están en una fase de formación más o menos vinculada a un empleo o contrato, o desempeñan alguna actividad alternativa ante la ausencia de expectativas profesionales.

Estos grupos "fantasma", como se les ha llegado a denominar, han crecido tanto como el propio paro oficial (excepto los eventuales agrarios, que siguen en la misma línea). Hace dos años, antes del inicio de la crisis y del cambio metodológico, eran 25.724, lo que significa que en la actualidad hay un 57% más. Los que han repuntado con mayor intensidad han sido, precisamente, aquellos 'con relación laboral', es decir, los provenientes de los EREs (que han pasado de 3.436 a 7.600), y los DENOs (de 5.761 a 13.517). Esta última categoría ha sido la más polémica tras la última reforma contable, ya que, en la provincia, supuso la salida del desempleo de todos los ex trabajadores de Delphi en marzo de 2009.