No hay quien ordene El Palmar

El chalé de Francisco Rosado y la pizzería El Pico de la Ola, derribados esta semana en El Palmar por sentencia judicial, son apenas dos mazorcas en el maizal de las irregularidades urbanísticas de la costa de Vejer. El núcleo rural, otrora fértil tierra de cultivo, ha crecido durante tres décadas empleando las técnicas de colonización más primitivas, sin control urbanístico y al margen de la ley. Sin alcantarillado ni canalización, sin carreteras de acceso y con un abastecimiento deficiente de luz y agua, centenares de viviendas se agrupan frente a la playa. Ni el propio Ayuntamiento de Vejer sabe cuántas hay, admite el alcalde, Antonio Verdú (PSOE). Más de un millar; más o menos.

Y se sigue edificando. Desde caseríos con torres palaciegas, a moradas rústicas de planta idecente, o casas prefabricadas de madera que se instalan sobre planchas de cemento.

Las multas a los propietarios son frecuentes pero asumibles, y los derribos en la historia de El Palmar se cuentan con los dedos de una mano: Los dos de esta semana; uno, voluntario, el año pasado, cuando el conileño Rosendo Bonillo tiró las cinco viviendas que había construido ilegalmente a principios de la década; y uno más en mayo de 2001, fecha en la que la Junta tiró un chalé sentenciado por los tribunales. Esta última vivienda fue reconstruida años más tarde y hoy está habitada por otro residente, que vuelve a estar apercibido de sanción por parte de la Junta de Andalucía.

Los más de 200 expedientes abiertos en El Palmar por infracciones urbanísticas de diversos tipos no amedrentan a los propietarios. Las multas y las escasas demoliciones no han conseguido imponer disciplina urbanística en el poblado costero.

En 1995, con la llegada a la Alcaldía de Vejer de Antonio Verdú, el Ayuntamiento planteó la necesidad de regular la proliferación de viviendas junto a la playa. La intención quedó plasmada en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2001. El documento, vigente en la actualidad, encomienda la gestión de la primera línea de El Palmar a un Plan Especial de Reforma Interior. El PERI fue aprobado por la Administración andaluza en diciembre del año pasado, después de cuatro años de trámites y burocracia, pero todavía no ha entrado en vigor, ante la desesperación de los vecinos de la playa.

Verdú admite los retrasos y recuerda la "dificultad" que supone "buscar la participación de todos los agentes afectados" y "aunar las voluntades necesarias" para impulsar un proyecto "tan complejo": "Es una iniciativa pionera en Andalucía porque no es un plan de ordenación, sino un plan de reforma de un núcleo urbano ya existente, y encima en uno de los litorales con mayor crecimiento desordenado", expone.

El Ayuntamiento ha negociado durante los últimos meses con la Junta de Andalucía para que preste su apoyo en la ejecución del Plan de Reforma de la costa. El regidor local prevé iniciar su desarrollo en 2008.

El PERI convertirá 42 hectáreas de suelo rústico en urbanizable en El Palmar, una estrecha franja en la primera línea de playa. Habilitará alrededor de 200 parcelas para la construcción de unifamiliares y legalizará la situación de unas 200 viviendas. Las casas que no reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad o las que estén situadas en futuros viarios o emplazamientos de uso público serán demolidas, aunque la premisa del Ayuntamiento es "legalizar todo lo legalizable".

En el proceso de reforma de El Palmar, los vecinos deberán pagar "contribuciones especiales" para sufragar la dotación de infraestructuras de urbanización, desde la iluminación a los saneamientos, al margen de que las administraciones contribuyan en la financiación de los equipamientos. Establecer este "marco de cooperación" entre las administraciones y los habitantes de la pedanía, con miles de euros en juego, es otra de las grandes tareas pendiente de un Ayuntamiento con escasos recursos y un enorme término municipal al que atender.

En el acceso a El Palmar desde el vecino municipio de Conil, junto a Malcucaña, la cadena mallorquina Riera Marsá prepara la construcción de uno de los mayores complejos hoteleros de la provincia. Tendrá 650 habitaciones de lujo distribuidas en edificios de dos plantas, que no se extenderán paralelos al litoral sino desde la playa hacia el interior.

El proyecto recibió la aprobación definitiva de la Junta de Andalucía en mayo después de seis años de trámites. La empresa cierra estos meses acuerdos con socios para hacer frente a lo 88 millones de euros de inversión previstos en la costa gaditana, en un momento de ralentización para el mercado inmobiliario nacional.

La llegada de Riera Marsá a la costa de Vejer abre el camino a otros empresarios turísticos y promotores, que tendrán suelo a su disposición en el próximo Plan General de Ordenación Urbanística de Vejer. El avance de este documento fue presentado por el Ayuntamiento a principios de este año y debe sustituir, en el plazo de dos, al vigente desde 2001, caducado a causa del crecimiento de las pedanías vejeriegas y de la demanda de suelo urbanizable.

El avance del PGOU plantea la ordenación completa de El Palmar, la creación de una red de pequeños hoteles en la costa y el desarrollo turístico y residencial de la zona conocida como Mangueta, entre la playa de Vejer y Zahora, en el término de Barbate.

Allí se han definido tres parcelas para hoteles vacacionales y varios centenares de viviendas turísticas y VPO junto a un campo de golf, separado de la playa por un cinturón de zona verde.

Hay promotores con intereses en este entorno, casi salvaje pero amenazado por la misma edificación ilegal que desborda El Palmar. En 2004, la promotora Armilar-Procam, división de Caixa Catalunya dedicada a la construcción, compró parte de los terrenos por alrededor de 30 millones de euros. La promotora Adendia, vinculada a Procam, proyecta construir en Vejer "la primera ciudad bioclimática de Andalucía".

El Plan General ahora avanzado y el Plan de Reforma de El Palmar deben ser las referencias urbanísticas de la costa de Vejer en el próximo decenio, aunque la vorágine constructora y las dificultades administrativas amenazan con dejar obsoleta la regulación antes de que entre en vigor.

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