Hace exactamente 20 días, la Junta y la Comisión Científica del Plan Doñana 2005 anunciaban el inminente fin de la turbidez. La solución era el desembalse previsto de 50 hectómetros cúbicos de agua para abastecer a los arrozales de la ribera del Guadalquivir. En total, 18.000 hectáreas, la mayoría en la provincia sevillana, que justifican un fuerte desembalse en época de sequía y, en consecuencia, una importante liberación de agua nueva que "terminará por decantar la escasísima turbidez que existe actualmente" en la desembocadura del río.

Éste fue el anuncio del presidente de la comisión científica, Hermelindo Castro, quien, acompañado de la delegada de Medio Ambiente, Gema Araujo, insistió en la salubridad del agua y el origen "natural" fruto de la unión de varios factores, como la sequía, las lluvias torrenciales de noviembre o "un tipo determinado" de oleajes y mareas astronómicas.

Sin embargo, veinte días después, la presencia de partículas sólidas en suspensión sigue siendo muy superior a la normal y la apariencia es tan turbia como el augurio de los lugareños para las próximas semanas, inicio de la temporada turística alta. Un estudio realizado por la empresa Pistresa (Piscícola de Trebujena S. A., presidida por el alcalde de la localidad) confirma que el origen es la pequeña presa sevillana de Alcalá del Río, ya que el inicio de detección de la suciedad coincide con un fuerte desembalse que se hizo a finales de noviembre. A raíz de esta gran suelta, se produjo un enorme incremento del nivel de fango y de partículas sólidas que llegó a ser 80 veces mayor del normal (la media anual en la desembocadura es de 170 miligramos por hectómetro cúbico y osciló entre 5.000 y 15.000). Lo único en lo que parecen coincidir todas las partes es la ausencia de contaminación química o biológica, aunque desde Ecologistas en Acción consideran que sí hay una de tipo físico.

La desconfianza ha hecho mella por el paso del tiempo sin mejoras, pero la esperanza sigue ahí, quizá porque es la primera luz que se abre después de seis meses de plena y continua incertidumbre en los que el problema ha llegado hasta el Parlamento andaluz. Ha sido a través de IU, que acaba de pedir al Ejecutivo más información, y del PP, que denunció que los primeros análisis revelados por la Junta no procedían de Cádiz, sino de estaciones de Jaén, Córdoba y Sevilla. Además, el propio Ayuntamiento de Sanlúcar aprobó a principios de mes una moción para solicitar a la Junta que los técnicos de Medio Ambiente sigan realizando analíticas y difundan sus resultados.