Prácticamente a todos les pilló por sorpresa. Se enteraron por un artículo en ElPaís. El Ministerio de Hacienda había remitido a 22 grandes ayuntamientos de toda España (con más de 75.000 habitantes) una carta en la que les advertía de que, o rebajaban su periodo medio de pago a los proveedores, o sus cuentas municipales pasarían a depender directamente del ministro Montoro. Dicho de otra manera, podrían ser intervenidos. ¿Cómo? La fórmula que se utilizaría sería la retención de los ingresos que cada mes reciben los municipios del Estado, la conocida como PIE (Participación en los Ingresos del Estado), unas cantidades que en la mayoría de las ocasiones suponen un auténtico balón de oxígeno para, por ejemplo, pagar las nóminas.

En este caso, dentro de esos 22 grandes ayuntamientos hay cinco gaditanos: Cádiz capital, Algeciras, Jerez, Chiclana y El Puerto, además de la Diputación Provincial. Los seis incumplen la norma que fija el plazo máximo en el que deben pagar: 30 días, pero empiezan a contar a partir de que se recibe la factura, esto es, 60 días. Si cada institución no explica pormenorizadamente a Hacienda qué mecanismos articularán para rebajar dicho plazo, el Estado dejará de ingresarles la PIE. En esta relación no se incluye a San Fernando porque es el único municipio de la provincia de más de 75.000 habitantes que no ha sido advertido por Hacienda. Por ahora, está en el límite que marca la ley para pagar en fecha a proveedores: 55 días.

De concretarse los planes anunciados por el equipo de Montoro, entre los cinco consistorios gaditanos y la institución provincial podrían dejar de ingresar nada menos que 321.235.575,72. Esta es la cifra resultante de sumar lo que cada entidad local debe recibir teóricamente de la PIE durante el año.

El caso es que, salvo Algeciras, los otros cuatro ayuntamientos aseguran no haber recibido dicha misiva ministerial. Dicen haberse enterado por la prensa. Sin embargo, este periódico ha podido confirmar que dicha carta se ha enviado. De hecho, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, del PP, admitió haberla recibido y, además, cargó contra ello.

Tampoco les ha hecho mucha gracia el asunto a los equipos de gobierno de la capital gaditana (Podemos), ni de Chiclana, Jerez o El Puerto (todos del PSOE). Es más, el alcalde portuense, David de la Encina, aseguró a este periódico que no se pronunciaría hasta no saber en qué términos se dirigía a su Ayuntamiento el Ministerio. La Diputación, de gobierno socialista, ya respondió esta semana asegurando que son solventes.

Hay que tener en cuenta dos aspectos. El primero, lo que supondría para cada municipio la pérdida de la PIE. En el caso de Cádiz capital, hasta ahora, ingresa del Estado cada mes algo más de 4,5 millones de euros. Perder esa cantidad pondría en serios aprietos el balance municipal. La capital es, de los seis casos afectados en la provincia, el que mejor comportamiento tiene para pagar esas facturas, con una media de 66 días (hasta septiembre), y algo más de 10,5 millones pendientes.

Después está El Puerto, con más de 130 días de retraso en el pago y una deuda pendiente a proveedores de 15,5 millones de euros. En su caso, los ingresos que recibe del Estado cada mes procedentes de la PIE ascienden a algo más de 1,6 millones. La Diputación Provincial es la tercera institución local gaditana que más tarda en pagar: algo más de 150 días, mantiene una deuda de 14,1 millones y, en caso de que le retuvieran los ingresos estatales, perdería mensualmente casi 13 millones de euros.

El cuarto es Chiclana, donde los proveedores esperan más de 194 días para cobrar, y cuyo ayuntamiento mantiene una deuda de casi 20 millones de euros. En el caso chiclanero, la PIE que recibe mensualmente asciende a algo más de 1,3 millones de euros. La quinta posición de este ranking es para Jerez. Tarda más de 283 días en pagar las facturas y mantiene la tercera mayor deuda con los proveedores de todos los grandes municipios de España (por detrás de Madrid y Granada): 78,4 millones de euros. En este caso se da la circunstancia, además, de que ya tiene parte de la PIE retenida por deudas con Hacienda o la Seguridad Social. Cada mes, en lugar de ingresar los casi 4 millones de euros que le corresponden, en noviembre pasado sólo recibió tres.

El último ayuntamiento afectado es Algeciras. De todos los grandes consistorios, es el tercero de toda España que más tarda en pagar (por detrás de Parla, en Madrid, y Jaén capital): 399 días. Además, mantiene una deuda con los proveedores de 37,4 millones de euros. En el caso algecireño, recibe la PIE completa.

El segundo punto a tener en cuenta es que, en el caso de la provincia gaditana, ya hay un buen número de consistorios con la PIE retenida, todos menores de 75.000 habitantes, por deudas con Hacienda o la Seguridad Social, o en su caso por no cumplir con la Ley que obliga a tener al día la liquidación presupuestaria y de las empresas públicas municipales. Algunos casos, como el de Barbate, lo sufren desde hace casi una década. Habrá que ver si, en próximas fechas, la carta aparece en los ayuntamientos 'amenazados' y si toman alguna medida para cumplir con una Ley de pago a proveedores por la que, año tras año, recibieron además ayuda económica del Gobierno.