"Haz lo posible para sacarme de aquí. Soy totalmente inocente", le dijo ayer por la mañana a su nueva abogada, Antonia Alba, Rafael Ricardi Robles, el portuense encarcelado desde hace 13 años por la violación de una joven de 18 años en Valle Alto, en El Puerto. Un delito del que la Policía Nacional le considera inocente, y que achaca ahora a dos jerezanos de amplio historial delictivo, a los que cree exclusivos autores de la oleada de agresiones sexuales que se registró en la Bahía de Cádiz entre los años 1995 y 2000.

Ricardi se lo dijo a la letrada en la cárcel de Puerto 3, en una de cuyas celdas está internado desde el jueves, tras ser trasladado desde la cárcel salmantina de Topas, en la que estaba cumpliendo su condena desde hacía 10 años.

Ambos mantuvieron un breve encuentro, en el que el condenado por las violaciones, además de insistir en su inocencia, le dijo a su abogada que lleva "13 años de calvario". En realidad, doce años y casi siete meses, los mismos años que hace que entró en prisión, en noviembre del 95, primero como imputado, en la cárcel de Puerto 2, y desde octubre del 96, condenado en primera instancia, y un año después, ya en firme, tras rechazar el Tribunal Supremo su recurso de casación.

Ricardi ha sido trasladado desde Topas, a donde fue conducido en el año 1998, para prestar en los próximos días declaración ante el juez en las nuevas diligencias que se siguen tras detener la Policía Nacional a uno de los jerezanos, Fernando P.G., y constatar que el ADN de este último coincide plenamente con el resto de semen que fue hallado en la ropa interior de la víctima de la violación que pena el portuense. Un código genético, el de Fernando P.G., que ha resultado además también coincidente con los restos biológicos de otras tras violaciones. Al otro jerezano, que estaba ya en prisión, en Puerto 2, cumpliendo condena por una agresión sexual cometida en Estepona, Juan B. G., se le puede acusar directamente de una violación, la quinta (en total, fueron denunciadas diez, cometidas en El Puerto, Jerez y Puerto Real), ésta, perpetrada en término puertorrealeño, al coincidir su ADN con los restos hallados en el escenario de la agresión. La Policía, empero, sostiene que ellos dos son los únicos autores de las agresiones denunciadas, dado que el modus operandi fue el mismo: rapto y traslado a descampados para ser forzadas a punta de navaja durante horas por dos encapuchados, uno bajo y otro alto.

En 1995, cuando Ricardi fue detenido, su ADN no era totalmente coincidente. Y de modo oficial su código genético quedó excluido como el perteneciente a los restos de la violación de Valle Alto que ahora se imputa a Fernando P.G., (cuya descripción física coincide con la de Ricardi, al ser bajo, grueso y con un problema de visión, según la Policía, como el portuense) en el 2000 vía un informe del Instituto Nacional de Toxicología enviado al Juzgado de El Puerto que llevó el caso. Un informe del que la Policía dio cuenta a la Audiencia de Cádiz, donde fue juzgado Ricardi, y a la Fiscalía, que no consideró procedente revisar su pena al haber sido condenado fundamentalmente por el testimonio de la joven violada, que lo identificó, al entender del tribunal, "de modo inequívoco".

Desde Derechos Humanos, que ha asumido de modo gratuito la defensa de Ricardi, no descartan en los próximos días anunciar de modo oficial su intención de interponer ante el Supremo recurso de revisión de la condena, al considerar que "todo apunta a que fue condenado con pruebas indiciarias y no directas y firmes", dijo ayer a este diario su portavoz, Rafael Lara. Además de Alba, hay otro abogado que trabaja en el caso, y la impresión que se tiene en la asociación es que en su día "toda la investigación que se llevó contra el portuense estuvo cogida con alfileres". Ricardi era por aquella época un politoxicómano apodado El Caballito que malvivía debajo de un puente. Aunque cuando fue detenido y después durante el juicio siempre defendió su inocencia, ya encarcelado, a policías que fueron a verlo a Topas les dijo que era culpable. Su abogada, sin embargo, se ha apresurado a dejar claro que Ricardi "nunca ha firmado una confesión. Me ha dicho que es inocente, y voy a luchar por ello".

Era la titular del Juzgado 2 de El Puerto, María del Carmen Fornell, la que había comenzado a revisar el caso de las violaciones, a raíz de las detenciones de los jerezanos. Pero esta juez se acaba de inhibir en favor del titular del 3, Miguel Ángel López Marchena, por ser este tribunal el que estaba de guardia cuando sucedieron los hechos. A Marchena le va pues la instrucción de las cuatro violaciones cometidas en El Puerto en las que los restos coinciden con el ADN del bajo, Fernando B.G., entre ellas, la de Valle Alto por la que está condenado Ricardi.