El proyecto para construir dos grandes hoteles en Trafalgar sigue bloqueado un año y medio después de recibir la aprobación definitiva de la Junta de Andalucía por el desacuerdo entre los empresarios que lideran la iniciativa y los propietarios de la parcela situada junto al faro barbateño.

Ambas partes retomaron a finales de 2007 la negociación sobre ciertas modificaciones del contrato de compraventa del suelo firmado a principios de la década. Fuentes de la familia Castro, dueña del terreno, insisten desde enero en la proximidad del acuerdo aunque matizan que "se siguen cerrando los flecos propios" de una operación de estas características. Fuentes de la cadena hotelera Robinson Club, que trabaja en el proyecto con la mallorquina Hipotels, aseveran que la situación "no ha mejorado" y lamentan que el proyecto "sigue estancado, como siempre".

Hoy, cuando se cumplen 18 meses de la aprobación definitiva del plan por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo, la revisión del contrato sigue sin firmar.

El origen del conflicto está en la resolución de la Comisión Provincial de noviembre de 2006, que redujo las posibilidades de construcción de la parcela de 72.000 metros cuadrados a 45.000, y el número de habitaciones hoteleras de las 950 del documento original a 600. Los nuevos parámetros merman las opciones lucrativas del proyecto y cambian las condiciones de los contratos firmados por cada empresa hotelera, documentos sujetos, entre otros parámetros, a la superficie y edificabilidad del suelo. Los hoteleros han defendido que debe cumplirse el contrato original y los Castro, apellido que agrupa a una treintena de familias con intereses en Trafalgar, han insistido en que las minusvalías deben repartirse entre las partes.

La nueva operación, según las cifras que se han manejado en la negociación, está tasada en alrededor de 15 millones de euros.

En medio de las voces, con poco margen de intervención, se mantiene el alcalde de Barbate, Rafael Quirós (PSOE), que pide una salida para un proyecto "fundamental para el pueblo". "Les he dicho que firmen un acuerdo de una vez por todas o que dejen la decisión en manos de los juzgados para no seguir así, porque la situación es desesperante", asevera Quirós.

El desacuerdo entre empresarios y propietarios no es el único escollo para el plan turístico de Barbate, que llegará siete u ocho años tarde, en un ciclo en el que los proyectos hoteleros pierden rentabilidad, y en un momento marcado por la recesión económica y la falta de financiación que mantiene paralizado el sector.

Cuando los empresarios se hagan definitivamente con el suelo, aún tendrán que diseñar un plan de urbanización para la ensenada barbateña y el Consistorio deberá tramitar una modificación de su Plan General. El alcalde asegura que solucionará esta gestión "en dos meses", pero la burocracia no suele dar respuesta a iniciativas similares en menos de un año.