Los guardias civiles sancionados por manifestarse en Madrid en enero pasado están preparando los recursos contra los expedientes que se les ha abierto «por conducta grave de disciplina» y están dispuestos a llegar hasta el Tribunal Supremo o a Estrasburgo para defender sus derechos.

Así lo expuso hoy el responsable nacional de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Delgado, quien ha considerado «injustas» y «desproporcionadas» las sanciones impuestas a 21 agentes, cinco de ellos en Andalucía.

En rueda de prensa en Cádiz, Delgado -suspendido seis meses de empleo y sueldo- ha explicado que la Dirección General de la Guardia Civil ha comenzado a notificar las sanciones hace unos días.

A su juicio, que los 21 expedientes sumen más de 20.000 folios es una «inversión de personal y esfuerzo preocupante», máxime cuando el Gobierno ha aprobado dos leyes «fundamentales» para la labor de la AUGC: la del régimen disciplinario y la de derechos y deberes, «que mejorarán notablemente la vida de los agentes y nos las hemos ganado a pulso, aunque no entendemos que las sanciones lleguen ahora tras estas leyes».

De los 21 agentes sancionados en toda España, cinco lo han sido en Andalucía: José Encinas (Cádiz), Alfonso Carrasco (Córdoba) y Antonio Gaspar (Málaga) -sancionados con tres meses de empleo y sueldo, aunque la petición era de entre 12 y 10 meses-; y Alberto Moya y Juan Antonio Delgado, ambos de Cádiz e integrantes de la Junta Directiva Nacional.

Para Alberto Moya, la sanción ha sido de 3 meses y para Delgado de 6 meses, aunque la propuesta para éste último era de expulsión del cuerpo.

Aún así, los miembros de la AUGC han reconocido que la pelea «ha merecido la pena para llegar a la plena democratización» y han adelantado que con estos expedientes no van a desmoralizarse, sino que continuarán con el trabajo para alcanzar «la igualdad de derechos».