El Gobierno municipal del PSOE defendió ayer la gestión del Ayuntamiento en torno al desalojo de ocho familias "por ocupación ilegal de viviendas en la calle José Rodríguez del Moral", situada en la zona de Monteolivete.

Según aseguró, las viviendas ocupadas "no cuentan con licencia de primera utilización, es decir, no reúnen las condiciones de habitabilidad desde el punto de vista técnico". "Desde el momento en el que se tuvo constancia de la ocupación, personal adscrito a la Oficina Municipal para la Defensa del Derecho a la Vivienda Digna intentó en reiteradas ocasiones ponerse en contacto con los ocupantes sin conseguirlo. Tan sólo uno de ellos abrió la puerta a la trabajadora social, quien le comunicó que trasladara al resto de ocupantes que se pusieran en contacto con la Oficina para evitar el lanzamiento de las viviendas, además de para conocer la situación familiar de todos ellos", argumentó. "Sólo la referida ocupante siguió atendiendo a la trabajadora social en otras ocasiones, aunque tampoco aportó toda la documentación que se le requirió", precisó.

En octubre pasado "la Policía Local fue requerida por el juzgado para informar a los ocupantes del desalojo". "Al día siguiente de la personación de los funcionarios del juzgado, varios de los ocupantes acudieron a la Oficina de Vivienda, donde se les informó de la tramitación que debían seguir y la solicitud de abogado de oficio, comunicándoles, además, que la empresa que gestiona las viviendas estaba interesada en conocer la situación de cada unidad familiar ocupante, lo que podría dar pie a pedir un alquiler social. Sin embargo, tampoco se personó ninguna unidad familiar para este fin", explicó.

El Consistorio ya no tuvo más información de estos casos hasta el pasado miércoles, cuando se produjo el desalojo. "En ese momento, trabajadores de la Oficina de Vivienda hicieron una recogida básica de datos de las unidades familiares, interesándose fundamentalmente por la composición familiar de cada una de las viviendas, así como por saber si tenían donde alojarse provisionalmente. Todos, excepto un ocupante, tenían donde alojarse, según transmitieron", manifestó.

Posteriormente, cuatro familias, acompañadas por concejales de IU y Podemos, acudieron a la citada oficina "asegurando que no tenían donde alojarse esa noche, por lo que los trabajadores empezaron a atenderlos de manera individualizada, comprobando que sólo una necesitaba ayuda municipal para ello".

Según el Gobierno local, "la situación de los ocupantes de las viviendas no es la que indican los ediles de IU y Podemos". "Así, en dos de las unidades familiares al menos un miembro de la pareja trabaja y en otro caso una de las ocupantes tiene un bar y trabaja como autónoma y su pareja tiene empleo fuera de la localidad. En este caso parece que incluso ocuparon la vivienda tras pagar 800 euros a un ocupante anterior, según el testimonio de otros vecinos. En otra de las viviendas un miembro de la pareja tiene empleo y el otro trabaja de manera esporádica. El último caso es el de una persona que vive sola, que ocupa la vivienda desde hace tres meses porque antes vivía en casa de su novia", comunicó.

"La Oficina les ha pedido de nuevo que presenten toda la documentación relativa a las circunstancias familiares y económicas, pero ninguna lo ha hecho, por lo que no se puede evaluar si alguna de ellas se encuentra en exclusión social o no", añadió.

El Gobierno local lamentó que "algunos concejales quieran manipular una situación tan delicada que pone en entredicho la verdadera realidad de personas que sí necesitan ser atendidas".

encierro en la biblioteca.Varias familias okupas iniciaron ayer un encierro de protesta en la Biblioteca Municipal con el apoyo de las Corralas de la Dignidad, IU, Podemos y el SAT. El edificio se cerró al público y la Policía Local les instó sin éxito a que lo dejaran.