"Esta lucha no es únicamente por nosotros dos. Hay otros exmilitares en nuestra situación", precisa Juan Antonio Cordero al explicar desde Madrid, desde su lugar de protesta, por qué él y Juan Carlos González se han plantado frente Ministerio de Defensa. Están ellos dos; están solos pero hablan por muchos. Reclaman que les escuchen, que revisen sus casos: que el Ejército admita que debe resarcirles por haber quedado incapacitados laboralmente por causas relacionadas con su trabajo como militares. Se han atrincherado en un parque infantil, día y noche. Llevan allí desde el pasado día 10 y no se rinden.

Juan Carlos tiene 39 años de edad. Es de Jerez. Permaneció en Infantería de Marina desde 2000 hasta 2005. Dice que un día, cuando estaba destinado en San Fernando, fumigaron el Cuerpo de Guardia y que lo pusieron allí de centinela. Acabó ingresado en el hospital naval de San Carlos, con vómitos, con asfixia epiléptica. Le anunciaron entonces que tendría destinos burocráticos pero lo enviaron a la Sierra del Retín y allí hizo guardias. De pronto fue despedido de manera improcedente, explica. No le renovaron el contrato. Y se vio en la calle, sin derecho a pensión alguna pese a sus evidentes problemas de salud, con importantes secuelas que le han obligado a pasar por el quirófano. "Lo que quiero es que me hagan un examen médico, que me reconozcan la incapacidad laboral que tengo. Y que me concedan una pensión", señala.

Juan Antonio, de 45 años de edad, es de San Fernando. Era caballero legionario paracaidista. Estuvo en Bosnia. Pero fue en otro destino, en la prisión militar de Alcalá Meco, donde se le torció su carrera militar. Cuenta que allí eran pocos militares y que los problemas comenzaron para él cuando recurrió varios arrestos y el asunto se puso realmente feo al denunciar el último "con abogado". Asegura que un teniente llegó a amenazarle y que el teniente coronel de la prisión miró para otro lado ante el acoso al que era sometido. Le dieron una baja, cayó en una depresión. Y como le ocurrió a su compañero, llegó el "despido improcedente", la no renovación del contrato.

A diferencia de Juan Carlos, Juan Antonio tiene una pensión de la Seguridad Social por una incapacidad laboral. Lo que reclama a Defensa es que revise su caso, que reconozcan que sus problemas de salud provienen de su etapa en el Ejército.

La semana pasada, los dos exmilitares gaditanos se apostaron frente al Ministerio de Defensa. Duermen en un banco. La Policía Local les advirtió de que los multaría si no retiraban su tienda de campaña. Los amigos les acercan comida. Comparten una demanda: "Queremos que nos escuche la ministra".