Hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Cádiz el juicio a una supuesta banda de narcotraficantes, acusada de alijar más de dos toneladas de hachís a través de los esteros de Chiclana en 2016, entre cuyos miembros se encuentra Naoufal Azzouz, un actor secundario de la serie de televisión El Príncipe que se enfrenta a siete años de prisión por este caso.

Pasadas las diez de la mañana, ocho de los diez procesados (en prisión provisional por los hechos denunciados) bajaban de un furgón policial escoltados por numerosos agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional para acceder a los calabozos del Palacio de Justicia gaditano, donde permanecieron hasta que dio comienzo la vista oral.

El juicio se inició sobre las once de la mañana en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial con las cuestiones previas planteadas por cada una de las partes implicadas en este procedimientos. Como suele ser habitual en este tipo de causas, varias defensas solicitaron al tribunal la nulidad de las intervenciones telefónicas llevadas a cabo durante la fase de investigación. Uno de los abogados habló de "descontrol judicial" así como de diferentes "irregularidades" en el transcurso de estas escuchas.

Fue en 2014 cuando el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz comenzó una investigación, la bautizada como Operación Yupi, sobre un grupo de personas que podrían estar llevando a cabo los preparativos para introducir, vía marítima, elevadas cantidades de hachís desde el vecino país de Marruecos.

Según sostiene la fiscal Antidroga, Ana Villagómez, para alijar la droga la banda se valía del estero de Santa Catalina, en Chiclana, regentado por una familia conocida como los 'Jala Jala' (un padre y dos de sus hijos, los tres acusados).

Este procedimiento se archivó en enero de 2015 por falta de pruebas, si bien se reabrió meses más tarde -en septiembre de ese mismo año- a ampliarse las pesquisas policiales y saltar a la palestra el supuesto cabecilla de la banda, D.P.Y.

La Fiscalía sostiene que para lograr su propósito D.P.Y. intentó conseguir la colaboración de un agente de la Guardia Civil, para lo que le ofreció una cantidad elevada de dinero (entre 50.000 y 80.000 euros) a cambio de que éste le facilitase la entrada de la embarcación el día en que se llevase a cabo el alijo y le asegurase que no iba a ser interceptada por las fuerzas y cuerpos de seguridad. El agente puso en conocimiento de sus superiores el ofrecimiento y, siguiendo las pautas de sus jefes y con el visto bueno del juez instructor y del Ministerio Fiscal, el guardia civil hizo creer al supuesto líder de la banda que iba a ayudarle en la actividad ilícita, gracias a lo cual se pudo conocer cuál era el plan y qué personas estaban colaborando en él. La vista oral continuará el próximo 6 de noviembre con la declaración de los procesados por tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal.