El fiscal pide 7 años para un actor de 'El Príncipe' por tráfico de drogas

  • Naoufal Azzouz y otros nueve acusados de formar parte de una banda de narcos serán juzgados en la Audiencia de Cádiz

Naoufal Azzouz, en su interpretación de un terrorista y narcotraficante en la serie de televisión 'El Príncipe'. Naoufal Azzouz, en su interpretación de un terrorista y narcotraficante en la serie de televisión 'El Príncipe'.

Naoufal Azzouz, en su interpretación de un terrorista y narcotraficante en la serie de televisión 'El Príncipe'. / d.c.

La Audiencia Provincial de Cádiz juzgará el mes que viene a diez acusados de formar parte de una banda de narcotraficantes que se dedicaba a introducir grandes cantidades de hachís procedente de Marruecos en embarcaciones de recreo a través de los esteros de Chiclana.

Entre los procesados se encuentra Naoufal Azzouz, un actor secundario de la serie de televisión ElPríncipe en la que interpretaba a un miembro de una organización terrorista. Azzouz se enfrenta a siete años y medio de prisión por los delitos de integración en grupo criminal y contra la salud pública. El fiscal lo acusa de ser el intermediario que contactaba con los proveedores de la droga en Marruecos para luego alijarla en los esteros de la Bahía gaditana.

El supuesto líder del grupo ofreció dinero a un guardia civil a cambio de su colaboración

La Fiscalía pide para el resto de los miembros de la banda -que fue desmantelada en el verano de 2016 por la Guardia Civil en el desarrollo de la Operación Yupi- penas que oscilan entre los 16 años de prisión y los cinco años y medio (en función del grado de implicación en el entramado desarticulado).

El escrito de calificación fiscal recoge que en el mes de noviembre de 2014, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz comenzó una investigación sobre un grupo de personas que podrían estar llevando a cabo los preparativos para introducir, vía marítima, elevadas cantidades de hachís desde el vecino país de Marruecos. Para la descarga de la droga utilizaban supuestamente el estero Santa Catalina, en Chiclana, regentado por una familia conocida como los 'Jala Jala' (un padre y dos de sus hijos, los tres acusados).

Después de varios meses de investigación, en enero de 2015 se procedió al archivo provisional del caso al no haberse conseguido suficientes indicios que acreditasen la inminencia de algún transporte, si bien ya se apuntaba a que esta familia podría formar parte de un grupo más amplio dirigido por una persona en Marbella.

En el mes de septiembre de 2015 se reabrió la causa tras aportar el EDOA al juzgado nuevas evidencias. La ampliación de las pesquisas sacó a la luz al supuesto líder de la banda, D.P.Y.. El cabecilla, señala el fiscal, tenía su domicilio en Marbella, si bien se desplazaba desde allí a distintas localidades de Cádiz, entre ellas Chiclana, para organizar la actividad delictiva.

Se da la circunstancia de que D.P.Y. ya había sido detenido e investigado en una causa anterior -en el año 2013, durante la Operación Estiba- por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, pendiente aún de finalización en los juzgados de Algeciras.

La Fiscalía sostiene que para lograr su propósito D.P.Y. intentó conseguir la colaboración de un agente de la Guardia Civil al que conocía por su relación con algunos robos que se habían producido en los esteros, para lo que le ofreció una cantidad elevada de dinero (entre 50.000 y 80.000 euros) a cambio de que éste le facilitase la entrada de la embarcación el día en que se llevase a cabo el alijo y le asegurase que no iba a ser interceptada por las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El agente puso en conocimiento de sus superiores el ofrecimiento, lo que dio lugar a la reapertura de la investigación antes mencionada. Siguiendo las pautas de sus jefes y con conocimiento del juez de instrucción y del Ministerio Fiscal, el guardia civil hizo creer al supuesto líder de la banda que iba a ayudarle en la actividad ilícita, gracias a lo cual se pudo conocer cuál era el plan, qué personas estaban colaborando con él en el desarrollo del delito y la forma en que pretendían llevarlo a cabo.

Así, para el desarrollo de la colaboración, D.P.Y. entregó al agente varios teléfonos móviles con un servicio de encriptación que impedía la intervención telefónica de la línea y la extracción de los datos intercambiados a través de ella, estando diseñada para su autoeliminación a las 48 horas de haberse producido.

Por ello, el guardia civil -junto con los miembros del EDOA- fueron presentando periódicamente en el juzgado los terminales, de manera que cada vez que se producía una comunicación y antes de que se autoborrase, tomaban registro de ella.

Coetáneamente, expone el escrito de calificación fiscal, el agente elaboró informes cada vez que D.P.Y. le pedía que se reuniesen, los cuales también se adjuntaron a la pieza. Gracias a ello y derivado igualmente de la intervención de los teléfonos de las personas que fueron surgiendo en la investigación y de las vigilancias y seguimientos del EDOA, se destapó la infraestructura material y personal con la que contaba el cabecilla del grupo y con la que finalmente llevó a cabo un alijo de 72 fardos de hachís (que arrojaron más de dos toneladas de peso) en la madrugada del 3 de abril de 2016.

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